Objetivo: que el sistema no enferme

A 10 días de las elecciones andaluzas, si hay un sentimiento común entre los políticos y los ciudadanos ese es la incertidumbre. Por el resultado que van a arrojar las urnas, pero también por lo que vaya a ocurrir después. Y cuando la pregunta se dirige a representantes del sector sanitario, la incertidumbre adquiere tintes catastrofistas. “No hay nervios, hay pánico”, asegura Antonio Macías, secretario general de Servicios Sociales y Sanitarios de UGT Andalucía.

El tiempo que empieza el 26 de marzo, gobierne quien gobierne, comienza a verse desde el sector como un gran sumidero que puede tragarse poco a poco uno de los pilares del Estado del Bienestar. Los temores quizás estén influidos por los goteos de privatizaciones y recortes de servicios que, desde hace meses, se están viviendo en la sanidad pública de otras comunidades y que desde Andalucía se ven como “imágenes de una pesadilla”, en palabras del representante de UGT.

¿Pero una pesadilla lejana e inverosímil o con opciones de hacerse realidad? Ahí las opiniones oscilan entre los moderadamente optimistas que creen que el sistema está tan consolidado que es difícil echarlo abajo y los que temen que lo que tardó 30 años en construirse se puede destruir en unos meses. En este lado se sitúa Manuel Arenas, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof). “El sistema está muy en peligro”, advierte. Su preocupación se centra en el modelo de farmacia, un sector que acapara más del 15% del gasto sanitario andaluz, pero que también está soportando buena parte del ahorro que ya consolidó el año pasado el departamento que dirige María Jesús Montero (el gasto farmacéutico descendió el 9% entre enero de 2011 y enero de 2012) y del previsto para los próximos ejercicios. El presidente del Cacof admite que la política farmacéutica de la Junta ha sido “positiva y pionera”. “Ha permitido ahorrar mucho dinero y se han hecho cosas que luego se han llevado al resto de España”, recuerda, en referencia a la prescripción por principio activo o la receta electrónica. Los problemas han empezado a surgir, según Manuel Arenas, cuando desde el Gobierno central (todavía gobernado por el PSOE) se decidió cargar la contención del gasto sanitario sobre la factura farmacéutica, al margen de lo que cada comunidad había ido haciendo. “Es totalmente injusto”, se queja Arenas, que cifra en el 20% la caída de la facturación de las farmacias en la última década.

Los profesionales del sector sanitario dan por hecho que los Presupuestos Generales del Estado y las obligaciones derivadas de los objetivos de déficit impuesto a las comunidades autónomas van a acarrear fuertes recortes. “Eso parece inevitable, independientemente de quién gane las elecciones”, asume Humberto Muñoz, secretario general de la federación de sanidad de CCOO Andalucía. Aunque a él le cuesta resignarse a ese destino. “Creemos que hay otras salidas, fundamentalmente, incrementar el capítulo de ingresos y mejorar la eficiencia de lo público”. Muñoz pone precisamente como ejemplo de buenas prácticas esa rebaja de la factura farmacéutica de la que se queja el presidente del Cacof.

La rentabilidad de la sanidad es social, no económica Humberto Muñoz, de CCOO

“Hacer recortes en sanidad es ir a lo fácil. Son recursos caros y es muy tentador meter la tijera porque se obtienen resultados inmediatos. Y, de paso, le abres una nueva oportunidad de negocio al capital privado”, apunta Francisco Muñoz, secretario general autonómico del sindicato de enfermería Satse, que respalda en lo esencial la gestión de la Junta en materia sanitaria, aunque lamenta que en los últimos años se haya primado la atención sobre la prevención. “Es más caro y menos eficiente”, advierte.

Los profesionales consultados coinciden en una premisa: el modelo actual debe ser defendido a toda costa. ¿Pero opinan lo mismo los partidos políticos? El PSOE ya ha dicho que sí y los profesionales del sector admiten que, por ahora, ha dado muestras de que es cierto. Aunque tienen dudas de que lo vaya a mantener tan firmemente pasadas las elecciones. “Echamos en falta una apuesta más decidida”, señala el representante de UGT, que reprocha a los socialistas no haber dado estabilidad a los 17.000 contratados eventuales que hay en el SAS. “Otras comunidades están eliminando a los interinos y aquí se deja en bandeja cargarse 17.000 puestos de trabajo”, advierte. Aunque aún más dudas generan los planes del PP. “Han dicho que su modelo es el de Valencia y eso significa privatizar. Ahí no nos van a tener a su lado”, asegura.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha redactado un texto público en el que pide a la Administración “mensajes claros” sobre la sostenibilidad del sistema. “Instamos a las administraciones a que se comprometan a asegurar sin reservas la calidad asistencial, parte fundamental para que el compromiso y la responsabilidad de los sanitarios se ejerza como merece el paciente”, señalan los médicos. El candidato del PP, Javier Arenas, intentó ayer acabar con las suspicacias con una declaración de principios: “No creo en el copago”, aseguró en un acto en Sevilla, en el que propuso un acuerdo para financiar la sanidad similar al Pacto de Toledo para las pensiones.

Los representantes sindicales temen que lo que hoy parece incuestionable (el prestigio de la sanidad pública) se acabe diluyendo. “Ha pasado con la educación”, recuerda Macías. “Empiezas poco a poco, vas quitando prestaciones, aumentan los tiempos de espera y, al final, el ciudadano se acaba yendo a una mutua. A la clase media nos quieren desviar a la sanidad privada y la pública se quedará para los pobres”. Su temor es compartido por el representante de CCOO, que pone el acento en que, con tanta asfixia económica, se puede estar confundiendo el enfoque. “Una cosa es gestionar con eficiencia y otra tener que ahorrar”, afirma Muñoz. “El sistema sanitario no puede tener superávit, tiene que ser subvencionado. Porque atiende a los pensionistas, a los enfermos crónicos, tiene tecnologías muy caras. La rentabilidad es social, no económica”, recuerda.

Pero aunque no haya que medir la rentabilidad en dinero, lo cierto es que el gasto sanitario anual por cada andaluz es de 1.200 euros, una cifra que se puede considerar ridícula teniendo en cuenta las prestaciones que incluye. “¿Qué compañía aseguradora privada está dispuesta a dar una cobertura absoluta, desde un trasplante a lo que sea, por ese dinero?”, inquiere el secretario general autonómico del sindicato de Enfermería Satse.