La Hacienda foral airea datos de un dirigente del PSE en plena guerra fiscal
Melchor Gil irá a los tribunales para responder a la “persecución” del PNV
La guerra fiscal que en los últimos meses dirimen socialistas y PNV, personificada en las figuras del lehendakari y el diputado general de Bizkaia, Patxi López y José Luis Bilbao, respectivamente, elevó ayer bastantes peldaños su nivel de conflicto al airear la Hacienda foral datos del dirigente socialista Melchor Gil, cuñado del lehendakari y uno de sus hombres de confianza. El afectado, investigado por la fiscalía por el presunto ingreso irregular de 419.000 euros, se presentó como víctima de una “persecución política” del PNV, partido que gobierna Bizkaia, ante la que acudirá a los tribunales para que “no quede impune”.
La filtración pone en entredicho la confidencialidad de los contribuyentes
La polémica se destapó tras conocerse ayer que la Diputación ha instado a la Fiscalía vizcaína hasta en dos ocasiones a investigar la procedencia de los ingresos de Gil. En marzo de 2011, lo hizo, pero no por fraude fiscal, sino por posible tráfico de influencias, lo que el Ministerio Público desestimó finalmente, archivando el caso. La institución foral, sin embargo, repitió su solicitud el pasado 30 de enero. Por segunda vez, la fiscalía territorial ha abierto diligencias para determinar si las irregularidades descubiertas por la Hacienda foral constituyen una infracción penal. Entre uno y otro hecho, Gil se avino a saldar su deuda tributaria y pagar una multa: 131.733 euros en total.
El proceso
- La Hacienda de Bizkaia abrió una inspección fiscal a Melchor Gil en junio de 2010 tras comprobar que había comprado un terreno y edificado un chalé en Castro Urdiales (Cantabria), por un total de 669.514 euros, aunque el crédito solicitado a la BBK fue de 360.000 euros. Le investigó desde 2005 a 2009 en su IRPF.
- En el proceso se detectó que Gil no había declarado 419.074 euros en esos cinco ejercicios investigados.
- A partir de ahí, la Diputación lo pone en conocimiento de la Fiscalía, pero no como delito de fraude fiscal, sino ante un posible tráfico de influencias. La Fiscalía lo archiva provisionalmente.
- Hacienda sigue adelante y Gil se aviene a pagar una deuda y una multa: 131.733 euros en total.
- A pesar de ver zanjada la cuestión fiscal, la Diputación sigue adelante y el pasado mes de enero Hacienda exige a la Fiscalía una respuesta a su denuncia, a pesar de que Gil ya había pagado.
- La Fiscalía se decide entonces a tomar declaración al cuñado del lehendakari, aunque todavía no se ha pronunciado.
- Mientras se conoce esta resolución, toda la documentación relativa a este procedimiento abierto por Hacienda es enviada a varios medios de comunicación —EL PAÍS no está entre ellos— para que se divulgue el caso.
- Gil denuncia por carta a Hacienda por la divulgación de sus datos fiscales.
El caso se conoció ayer tras la filtración del expediente completo sobre Gil a varios periódicos, entre los que no figura EL PAÍS. La información llegó en sobres y de forma anónima a los distintos medios. No incluía actuaciones de la fiscalía ni sellos de entrada en la oficina judicial, pero sí de salida de los registros forales, lo que apunta a que fue directamente escaneada desde un ordenador de Hacienda. “Como se suele decir, blanco y en botella”, manifestó el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien recalcó su confianza en el comportamiento y la “honorabilidad” del ex vicesecretario general de los socialistas vizcaínos.
La filtración del expediente sobre Gil a un año de las elecciones autonómicas y en plena escalada de acusaciones entre socialistas y PNV por su distinta visión de la lucha contra el fraude fiscal, pone en entredicho a la propia Diputación y a José Luis Bilbao, quienes siempre se han presentado como garantes de la confidencialidad de los contribuyentes vizcaínos, hasta el punto de utilizar este hecho como argumento para negarse a compartir datos tributarios con otras instituciones vascas. Ayer, el portavoz foral, Juan María Aburto, se limitó a callar “por respeto”.
La filtración sucede a la advertencia que se había lanzado desde distintas fuentes de la Diputación sobre la existencia de un asunto que podría salpicar al PSE. Así lo consideró ayer el propio Gil, quien respondió con dureza a la revelación “de manera coordinada, materialmente efectuada en un sobre común”, de sus datos tributarios. Según recriminó en un comunicado, ello responde a una “utilización partidista” de la Hacienda foral por la única Diputación que permanece en manos del PNV, así como al “concepto patrimonial” de la propia institución que tienen los nacionalistas. Gil deploró “el doble rasero y la persecución selectiva” a determinados contribuyentes, una actitud que achacó a la frustración por que la fiscalía no le haya imputado.
Ante la percepción de una “estrategia de acoso” al partido y a su entorno más cercano, Gil avanzó que recurrirá a los tribunales para esclarecer lo ocurrido y que no quede impune. La apertura de una investigación judicial podría servir para precisar el origen de la filtración, ya que el registro informático de Hacienda foral es muy estricto y permite fijar con exactitud quiénes han accedido a cada expediente.
Confianza en una rápida solución
La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, confió ayer en que la fiscalía "investigue hasta el final y esclarezca los hechos" relacionados con los supuestos ingresos irregulares del vicesecretario general del PSE vizcaíno, Melchor Gil. La portavoz, no obstante, solicitó el "respeto máximo a la presunción de inocencia" y al trabajo de la Justicia.
Mendia se pronunció sobre la polémica tras un Consejo de Gobierno en el que no se abordó la cuestión porque Gil no es miembro del Ejecutivo, arguentó la portavoz. Igualmente adelantó que no está prevista ninguna declaración al respecto del lehendakari, Patxi López, a quien ayer percibió "muy tranquilo, como todos los días". López es cuñado de Gil.
Además del Gobierno, también se pronunció ayer sobre esta cuestión el PNV. Desde un planteamiento de distancia, como si el partido no guardara relación alguna con la institución que ha elaborado el expediente sobre Gil, la formación nacionalista confió también en el rápido esclarecimiento de las supuestas irregularidades. En una nota, el partido que preside Iñigo Urkullu aseguró que respeta la presunción de inocencia a la que tienen derecho todos los ciudadanos, pero solicitó, al tiempo, “responsabilidad y exigencia política” por “quien se vea directamente afectado” en el caso.
