El Gobierno salva de la cárcel a un ex alto cargo de Unió y a un empresario

El 'número dos' del Departamento de Trabajo con Jordi Pujol fue condenado a cuatro años y medio

La Generalitat pagó 46.158 euros a una empresa por informes inútiles y copiados

Uno de los beneficiarios fue condenado por hechos similares en el Consorcio de Turismo

Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Josep Maria Servitje y Ignasi Farreras, en un juicio en la Audiencia de Barcelona, por encargar informes plagiados. / GIANLUCA BATTISTA

El Gobierno del PP ha indultado a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol y a un empresario, ambos militantes de Unió Democràtica, que habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. En 2009 la Audiencia de Barcelona impuso cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, y dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

El Gobierno ha reducido ahora esas penas a sendas multas de 3.650 euros, una decisión sin precedentes por lo elevado de las penas impuestas. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la medida de gracia.

El caso también sentó en el banquillo al consejero de Trabajo de la Generalitat entre 1988 y 1999, el democristiano Ignasi Farreras, aunque fue absuelto. Lorenzo Acuña, familiar del diputado en el Congreso y dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, ya había sido condenado años atrás a 13 meses de cárcel por un caso similar en el Consorcio de Turismo de Cataluña, dependiente de la Generalitat

El fiscal y el tribunal sentenciador informaron en contra del indulto

Los hechos se remontan a 1994 y 1995, cuando Trabajo encargó ocho estudios de derecho laboral que, según el tribunal, no tuvieron ninguna utilidad ni interés. Eran burdas copias de publicaciones de hacía años y, según la sentencia, ni tenían autor ni bibliografía. Por ellos la Generalitat pagó 7,6 millones de pesetas (46.158 euros). Las empresas beneficiarias fueron Gestumer, SL, y Socesca, SL, administradas por Lorenzo Acuña. El tribunal declaró probado que fue el número dos de Trabajo el que se puso de acuerdo con Acuña para encargarle los trabajos y para que “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada".

Según la sospecha más extendida, el dinero malversado por los trabajos sirvió para financiar a Unió, lo mismo que ocurrió con el desvío de fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña por el que también fue condenado Acuña. El propio tribunal sentenciador señala que la relación personal de Servitje con Acuña “tiene su explicación por la común militancia” en Unió. Servitje fue miembro del comité de gobierno y consejero nacional de ese partido, y Acuña fue también secretario general, tesorero y apoderado de la Fundación Fecea, que también se benefició en su día de elevadas subvenciones de dinero público, según recuerdan los jueces.

En el fallo se exponía que fue el propio consejero Ignasi Farreras el que dictó las cinco “resoluciones prevaricadoras” por las que se encargaron los estudios y añade que “puede parecer extraño” que no se le condene. Si fue absuelto, dice el tribunal, es porque no encontraron prueba directa ni indiciaria de que “tuviera perfecto conocimiento de la injusticia y la arbitrariedad de las resoluciones”.

Unió considera legal la medida e ICV dice que es un escándalo

El expediente de tramitación del indulto incluye la petición de un informe al tribunal sentenciador y a la fiscalía. Tanto la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que entonces presidía el magistrado Josep Maria Pijoan, como el fiscal Fernando Rodríguez Rey informaron en contra, pero el Gobierno no lo ha tenido en cuenta.

El indulto causó un enorme enojo en todos los partidos catalanes salvo CiU y el PP, ambos actores, directa o indirectamente, del caso. La socialista Laia Bonet fue la más moderada, al señalar que determinadas decisiones no acercan precisamente la ciudadanía a los políticos en un momento de desafección. La reacción de los otros grupos de izquierda fue mucho más enérgica. Dolors Camats, la portavoz ecosocialista, tachó de “escandaloso” que la lacra de la corrupción quede impune y calificó de “indigna” la constatación que la justicia no es igual para todos. “El indulto demuestra la profundidad y la oscuridad del pacto entre CiU y el PP. No se puede entender de otra forma”, señaló Camats. Anna Simó, de Esquerra, calificó de “indignante” y “lamentable” indultar a unos “delincuentes” que han malversado recursos de “forma reiterada”. “¿Qué ha habido a cambio de esto¿, ¿qué es lo que ha tenido que dar este partido al Gobierno?”, se preguntó en el Parlament. Albert Rivera, de Ciutadans, añadió a lo dicho que el perdón es un “ejemplo” de la letra pequeña de los acuerdos entre CiU y el PP. “Es una vergüenza”, concluyó.

Frente a estas tesis, Jordi Turull, portavoz de CiU en la Cámara, argumentó que el indulto no se tramita en “dos días” y opinó que debe de estar “perfectamente motivado y argumentado”. “Respetémoslo”, agregó. El popular Enric Millo defendió que los indultos no se valoran al alegar que los toma el Gobierno en aplicación de la legalidad vigente. “Hace 15 días días también indultaron a cinco mossos”, recordó.

Políticos y policías

El mismo BOE que publicó ayer el indulto de Josep Maria Servitje y Lorenzo Acuña recoge también el indulto para agentes de los Mossos d’Esquadra condenados por torturas. El pasado mes de septiembre, el Gobierno del PSOE también indultó a otros tres mossos condenados por apalear a un ciudadano. En casi todos los casos se trataba de penas llamadas de cumplimiento. Es decir, superiores a los dos años de cárcel y que, por tanto, tendrían que haber concluido con el ingreso en la cárcel de los afectados, de no haber sido por el indulto.

Por eso, diversas fuentes judiciales coincidieron ayer en mostrar su sorpresa y estupor, no solo por el indulto a Servitje y Acuña, sino porque las penas de cárcel que tenían (cuatro años y medio en un caso y dos años y tres meses en otro) hayan acabado reducidas a una simple multa. En lo que respecta a Acuña, debería haber entrado en prisión al tener antecedentes penales por el caso Turismo.

“El indulto parece estar reservado a policías y políticos, pero lo más preocupante es que la ley que lo regula no la cuestiona ni el PP ni el PSOE”, se lamentaba ayer un magistrado de la Audiencia de Barcelona que formó parte de uno de los tribunales que impusieron esas condenas que ahora han quedado diluidas. En el caso de los mossos, por lo menos, el indulto rebajó la pena a dos años de cárcel en la mayoría de los casos, lo que les llevaría a la cárcel si vuelven a delinquir. Pero en el caso de Servitje ni Acuña, ni siquiera eso.

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