Retrato de 10 años de corrupción

“Omitió clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legal (...) desviar fondos públicos para su lucro personal (...) una absoluta falta de diligencia (...) permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces”. Estos argumentos sirvieron a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para decretar la madrugada de ayer prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Alaya estima que podría fugarse debido a las “presiones externas” de terceros a los que podría “perjudicar claramente”.

Después de tres días de declaraciones, prolongadas durante 20 horas, la juez justificó su decisión en la “relevancia” del testimonio de Guerrero, dada la precaria situación económica y personal que padece y la gravedad de los delitos que le achaca. Para Alaya, a pesar de que el inculpado ha colaborado con la justicia, aún conoce hechos delictivos que no ha desvelado a la investigación.

La juez subraya en su auto de prisión que ahora “verdaderamente surge este riesgo de fuga” por “las penas que llevan aparejados” los delitos (hasta 18 años de cárcel). Además, la magistrada subraya la “repercusión mediática del caso y la evidente alarma social creada”, y enfatiza la pérdida de “cierto arraigo social y laboral”, al no poder incorporarse como funcionario de la Junta, que suspendió su reingreso tras las Navidades. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión por las irregularidades que Guerrero cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 2008). A la fiscalía se le sumaron las acusaciones de la Junta, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía había pedido una multa de 933 millones. Este dinero incluye las ayudas directas a empresas y para ERE concedidas por la Consejería de Empleo, y que Anticorrupción considera están dadas por un procedimiento ilegal. La Junta sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

Ante la petición de cárcel del fiscal, surgió la unanimidad de las defensas, una circunstancia excepcional, que consideraron desproporcionada la medida por la ostensible colaboración con la justicia que ha demostrado Guerrero y su nulo riesgo de fuga. Pero Alaya ignoró la unanimidad y dictó un auto en términos muy duros sobre los gravísimos delitos de los que le acusa.

La juez destaca cómo “en connivencia con otros” aprobó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas a empresas pese a conocer su “absoluta falta de competencia” para ello. La instructora destaca cómo “de manera manifiestamente injusta y arbitraria” concedió ayudas públicas para favorecer a familiares o amigos, personas próximas al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, “partido que gobernaba y gobierna en dicha comunidad autónoma”. Además, Alaya subraya cómo estas ayudas contravienen la normativa europea y los empresarios a menudo no presentaron ni siquiera solicitud para recibirlas.

La concentración de ayudas en la Sierra Norte sevillana, comarca de donde procede Guerrero, es muy llamativa y Alaya enumera cómo el ex alto cargo benefició a las firmas de este territorio: de un total de 75 millones en subvenciones directas, 50 millones fueron a parar a compañías de esta zona pese a contar con solo 30.000 habitantes. Alaya enumera cómo favoreció a familiares (su suegra percibió una póliza de 200.000 euros) y numerosos amigos, además de beneficiar a su chófer, con quien supuestamente gastó parte de 900.000 euros en cocaína y fiestas. “Una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo, para favorecer a personas o entidades”, concluye la juez.

Su abogado, Fernando de Pablo, pidió a la juez que se expulsase a la Junta como parte acusadora en el proceso. Según su versión, la Junta debe ser responsable civil subsidiario porque Guerrero cometió las actividades que se le imputan cuando era alto cargo de la Administración autonómica.

En los tres días que ha durado su declaración, Guerrero ha tirado por elevación y ha salpicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El ex alto cargo andaluz, al que la juez acusa de seis delitos (cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil) ha sostenido que la cúpula del Ejecutivo andaluz conocía el sistema con el que se daban las ayudas y que la juez considera ilegal. El Gobierno de José Antonio Griñán sigue argumentando que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

En cualquier caso, este hecho va a marcar definitivamente la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. El encarcelamiento de Guerrero arrincona aún más a los socialistas, que en el arranque de la campaña habían cogido oxígeno con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que les daba un ligero repunte que les podría permitir evitar la mayoría absoluta del PP de Javier Arenas.

En su auto, la juez Alaya se ha querido adelantar a cualquier crítica o alusión al oportunismo político sobre su decisión, tras las críticas de dos abogados en la vistilla celebrada anoche: "El argumento utilizado sobre que la petición de prisión provisional del inculpado se hace atendiendo al momento preelectoral que se vive en esta Comunidad Autónoma (...) Constituye una absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el ministerio público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales, cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud". A continuación, ha añadido: "Del mismo modo, si se hace extensiva esta crítica a esta resolución judicial por acceder a esta medida, supone un absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional"

Los abogados defensores en la causa pidieron la libertad para Guerrero. Para ello argumentaron la colaboración que ha tenido el ex alto cargo con la justicia, sobre todo en estos tres días de declaraciones; el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y que el riesgo de fuga del ex alto cargo (que lleva casi un año imputado en la causa) no era creíble.

La jornada de ayer también maratoniana y el interrogatorio de Guerrero terminó a media tarde, aunque Alaya le avisó de que retomará su comparecencia a medida que la Guardia Civil investigue las empresas una por una. Hasta ahora, han sido analizadas cinco y son más de 300 entre expedientes y ayudas directas.

Ayer, Guerrero volvió a disparar contra la cúpula del Gobierno andaluz e insistió en que esta conocía su manera de ejecutar la política de ayudas por las que repartió 647 millones entre ERE y ayudas directas a empresas a lo largo de una década. "Estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo (…) Según Viera, soy un indeseable. Manuel Chaves dice que no me conoce y la portavoz me pone a caer de un burro cada vez que puede. Me escandaliza porque no entiendo cómo pueden decir durante tres Gobiernos que no sabían cómo se trabajaba en Empleo", sostuvo Guerrero, según relataron varios abogados presentes.

El ex alto cargo habló en abstracto sobre la política de ayudas que la juez considera ilegal, pero, sobre este punto, no achacó a sus superiores haber conocido las irregularidades en la tramitación de las mismas.

Guerrero, acusado de cohecho, malversación y otros cuatro delitos, atacó a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que coincidieron en la Administración andaluza apenas un mes durante 2008. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguraron que Guerrero censuró las críticas continuas de Moreno, pero no la acusó de conocer su sistema de trabajo.

Según el ex alto cargo, la Junta mantiene un doble rasero que le ha perjudicado de manera grave. "Durante todo este tiempo [desde que hace 14 meses comenzara la instrucción], mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, desde la propia Junta, a mí se me otorgó la presunción de culpabilidad".

En la declaración ante Alaya confluyeron la agitada vida privada de Guerrero y su política de ayudas plagada de irregularidades, como la póliza de 240.000 euros para su suegra que intentó justificar. En un interrogatorio extenso pero de tono amable en general, Guerrero rechazó que consumiera drogas, tal y como le acusó su exchófer. Este dijo que ambos se gastaron 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína y fiestas. Ayer, Guerrero alegó desconocer que detrás de esas subvenciones estuviera su exconductor, y añadió que a él solo le gustan los gin-tonics y el Marlboro. Hubo tiempo para las tensiones, las risas y las mentiras. Y cuando la juez le apretaba, Guerrero otorgaba, asentía, y callaba. En su alegato final, dijo: "Me voy con la conciencia tranquila de haber contado todo lo que he vivido".