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El PSC acusa a Mas de pagar a los municipios con arbitrariedad

Bustos pide que se conozca la deuda justificada, la reconocida y las órdenes de pago CiU acusa al líder socialista de “llevar varios sombreros" y de partidismo

Manuel Bustos, alcalde de Sabadell.
Manuel Bustos, alcalde de Sabadell.

Apenas 24 horas después de que las cuatro diputaciones catalanas se comprometiesen por escrito a conceder un crédito a la Generalitat para avanzar el pago de la deuda a los ayuntamientos, el PSC insinuó ayer que el Gobierno de Artur Mas actúa con criterios políticos para socorrer las finanzas municiaples. Por ese motivo, los socialistas reclamaron “transparencia y claridad” y que se publiquen todas las cifras la deuda justificada por los consistorios, la deuda reconocida por la Generalitat y la deuda sobre la que se ha dado orden de pago por parte de la administración autonómica.

La denuncia sobre la arbitrariedad de la Generalitat con los ayuntamientos la hizo ayer Manuel Bustos, alcalde de Sabadell (Vallès Occidental), responsable de política municipal del PSC y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña. En función de ese último cargo, Bustos firmó también el acuerdo por el que las diputaciones contraen un crédito de poco más de 211 millones de euros para que la Generalitat avance el pago a los consistorios. Pero una cosa es la letra pequeña y otra la realidad.

Así, el punto 3.1 del convenio estipula que el pago de la deuda a los ayuntamientos se hará sobre las cantidades reconocidas. Sin embargo, ayer se conoció que el convenido incluye un anexo en el que las cantidades expresadas como reconocidas no son tales, sino que se trata de aquellas sobre las que el Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat ha dado orden de pago. Es decir, que se pagarán las deudas que la Generalitat elija con su criterio, no las deudas reconocidas oficialmente. Bustos considera que esta elección genera “sospechas” y discriminación entre consistorios, no ya solo de distinto color político, sino incluso gobernados por un mismo partido.

El grupo socialista de la Diputación de Barcelona se sumó ayer a la crítica y explicó que el criterio empleado por la Generalitat provoca “un elevado volumen de desigualdades entre los propios ayuntamientos, con deudas similares reconocidos por la Generalitat”. Por este motivo, los socialistas están valorando si apoyan o no la ratificación de ese convenio en el pleno que se celebrará el día 14. La decisión dependerá de la corrección de las cuantías.

CiU replicó a las acusaciones de Bustos, que calificó de “lamentables” y de “burdas declaraciones partidistas”

El cambio de criterio, dice el PSC, obedece a que ayer se celebró una reunión de la comisión de Hacienda y Recursos Internos en la que su presidente reconoció que, efectivamente, las deudas que se tomarán como referencia serán las reconocidas oficialmente sobre las que se haya dado orden de pago. El PSC considera “muy necesario que el plan se aplique con plena equidad” con el fin de disipar cualquier duda en su aplicación “con independencia del color político de los ayuntamientos”.

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CiU replicó a las acusaciones de Bustos, que calificó de “lamentables” y de “burdas declaraciones partidistas”. El portavoz adjunto de los nacionalistas en el Parlament, Ramon Espadaler, aseguró de Bustos que “o bien no se ha leído bien el texto del convenio suscrito por él mismo o no sabe lo que dice”. Espadaler dijo también que “cuando Bustos lleva el sombrero de alcalde y de presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, el convenio le parece bien, y al día siguiente, cuando se pone el sombrero de partido, entonces opina todo lo contrario”.

La acusación que ayer formuló el PSC es similar a la que realizó CiU cuando estaba en la oposición con los dos gobiernos tripartitos. Concretamente, en la época en que era consejero de Gobernación era Jordi Ausàs (ERC), los nacionalistas acusaron también a la izquierda de favorecer a sus consistorios.

La Generalitat estima que adeuda a los ayuntamientos poco menos de 800 millones de euros, una cifra que los consistorios creen que supera los 900. “Pero el tema no es ese, sino cómo se paga la deuda”, clamó ayer Manuel Bustos.

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