La juez alega que el exdirector de los ERE podría fugarse por "presiones" de terceros

La magistrada Mercedes Alaya subraya que el testimonio del ex director andaluz de los ERE fraudulentos podría perjudicar a otros imputados en la causa

Javier Guerrero, a las 2.30, entra en un furgón para ir a prisión. / JULIÁN ROJAS

La juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, decretó anoche prisión provisional para el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, porque estima que podría fugarse debido a las "presiones externas" de terceros a los que podría "perjudicar claramente". La magistrada subraya la "relevancia" del testimonio del principal acusado del caso, dada la precaria situación económica que padece.

La juez Mercedes Alaya subraya que durante sus 10 años al frente de la Dirección General de Trabajo (1999-2008) Guerrero conoció hechos delictivos que la investigación aún no ha podido averiguar: "Por la importancia de los conocimientos que ha podido adquirir de ciertos hechos a lo largo de su extensa etapa como director general que no haya desvelado todavía". La juez estima en su auto de prisión que es ahora cuando se empieza a conocer los indicios en su contra, "cuando verdaderamente surge este riesgo de fuga". Los argumentos que sustentan la prisión provisional y sin fianza subrayan "la importancia de los indicios, la gravedad de los delitos que se le imputan y las penas que llevan aparejados".

Además, la magistrada subraya la "repercusión mediática del caso y la evidente alarma social creada", además de la pérdida de "cierto arraigo social y laboral" por parte de Guerrero, al no poder incorporarse como funcionario de la Junta. El Gobierno andaluz suspendió su reingreso tras las Navidades debido a su imputación.

Guerrero ingresó la pasada madrugada en prisión sin fianza por orden de la juez Alaya,que investiga el caso de los ERE fraudulentos. La magistrada comunicó la decisión sobre la 1.40, después de que la fiscalía solicitase esta medida cautelar. La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional comunicada sin fianza para Guerrero tras tres días de declaración en los que ha sumado casi 20 horas de testimonio y en los que ha puesto de manifiesto las irregularidades que cometió a lo largo de casi una década (entre 1999 y 2008).

La petición de la fiscalía, a la que se sumaron las acusaciones de la Junta de Andalucía, el PP, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, se basó en la gravedad de los hechos que se le imputan, la influencia que Guerrero pueda ejercer sobre otros implicados en la causa (que acumula 52 imputados) y el riesgo de fuga.

A las 2.21 de la madrugada la Guardia Civil escoltó a Guerrero hasta un furgón policial para su traslado a prisión. "Mi cliente no se lo esperaba. Creo que no se dan los requisitos para la prisión. Y me temo que si hay riesgo de destrucción de prueba, ya sabemos donde está [en referencia a la Consejería de Empleo]".

 Como medida cautelar para hacer frente a la responsabilidad civil, la fiscalía pide una multa de 933 millones de euros. De este dinero, 700 se corresponden con el dinero que se gestionó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (luego la agencia Idea), el organismo pagador de los ERE y de las ayudas directas a empresas que están en el epicentro de la investigación judicial; un tercio adicional que permite la ley, más otras pólizas individuales.

Su abogado, Fernando de Pablo, pidió a la juez que se expulsase a la Junta como parte acusadora en el proceso. Según su versión, la Junta debe ser responsable civil subsidiario porque Guerrero cometió las actividades que se le imputan cuando era alto cargo de la Administración autonómica.

En los tres días que ha durado su declaración, Guerrero ha tirado por elevación y ha salpicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El ex alto cargo andaluz, al que la juez acusa de seis delitos (cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil) ha sostenido que la cúpula del Ejecutivo andaluz conocía el sistema con el que se daban las ayudas y que la juez considera ilegal. El Gobierno de José Antonio Griñán sigue argumentando que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

En cualquier caso, este hecho va a marcar definitivamente la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. El encarcelamiento de Guerrero arrincona aún más a los socialistas, que en el arranque de la campaña habían cogido oxígeno con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que les daba un ligero repunte que les podría permitir evitar la mayoría absoluta del PP de Javier Arenas.

En su auto, la juez Alaya se ha querido adelantar a cualquier crítica o alusión al oportunismo político sobre su decisión, tras las críticas de dos abogados en la vistilla celebrada anoche: "El argumento utilizado sobre que la petición de prisión provisional del inculpado se hace atendiendo al momento preelectoral que se vive en esta Comunidad Autónoma (...) Constituye una absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el ministerio público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales, cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud". A continuación, ha añadido: "Del mismo modo, si se hace extensiva esta crítica a esta resolución judicial por acceder a esta medida, supone un absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional"

Los abogados defensores en la causa pidieron la libertad para Guerrero. Para ello argumentaron la colaboración que ha tenido el ex alto cargo con la justicia, sobre todo en estos tres días de declaraciones; el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y que el riesgo de fuga del ex alto cargo (que lleva casi un año imputado en la causa) no era creíble.

La jornada de ayer también maratoniana y el interrogatorio de Guerrero terminó a media tarde, aunque Alaya le avisó de que retomará su comparecencia a medida que la Guardia Civil investigue las empresas una por una. Hasta ahora, han sido analizadas cinco y son más de 300 entre expedientes y ayudas directas.

Ayer, Guerrero volvió a disparar contra la cúpula del Gobierno andaluz e insistió en que esta conocía su manera de ejecutar la política de ayudas por las que repartió 647 millones entre ERE y ayudas directas a empresas a lo largo de una década. “Estas personas sabían y tenían que saber cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo (…) Según Viera, soy un indeseable. Manuel Chaves dice que no me conoce y la portavoz [Mar Moreno] me pone a caer de un burro cada vez que puede. Me escandaliza porque no entiendo cómo pueden decir durante tres Gobiernos que no sabían cómo se trabajaba en Empleo”, sostuvo Guerrero, según relataron varios abogados presentes.

El ex alto cargo habló en abstracto sobre la política de ayudas que la juez considera ilegal, pero, sobre este punto, no achacó a sus superiores haber conocido las irregularidades en la tramitación de las mismas.

Guerrero, acusado de cohecho, malversación y otros cuatro delitos, atacó a la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que coincidieron en la Administración andaluza apenas un mes durante 2008. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguraron que Guerrero censuró las críticas continuas de Moreno, pero no la acusó de conocer su sistema de trabajo.

Según el ex alto cargo, la Junta mantiene un doble rasero que le ha perjudicado de manera grave. “Durante todo este tiempo [desde que hace 14 meses comenzara la instrucción], mientras a los imputados de la Junta se les ha otorgado la presunción de inocencia, desde la propia Junta, a mí se me otorgó la presunción de culpabilidad”.

En la declaración ante Alaya confluyeron la agitada vida privada de Guerrero y su política de ayudas plagada de irregularidades, como la póliza de 240.000 euros para su suegra que intentó justificar. En un interrogatorio extenso pero de tono amable en general, Guerrero rechazó que consumiera drogas, tal y como le acusó su exchófer. Este dijo que ambos se gastaron 900.000 euros de dos subvenciones en cocaína y fiestas. Ayer, Guerrero alegó desconocer que detrás de esas subvenciones estuviera su exconductor, y añadió que a él solo le gustan los gin-tonics y el Marlboro. Hubo tiempo para las tensiones, las risas y las mentiras. Y cuando la juez le apretaba, Guerrero otorgaba, asentía, y callaba. En su alegato final, dijo: "Me voy con la conciencia tranquila de haber contado todo lo que he vivido".

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