El principal imputado en el caso de los ERE salpica a la cúpula de la Junta

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal imputado en la causa de los ERE fraudulentos, declaró ayer ante la juez Mercedes Alaya después de 14 meses de investigación. Y ante tanta expectación, no decepcionó. Guerrero, que fue alto cargo de la Administración autónoma entre 1999 y 2008, disparó hacia arriba y marcó claramente su estrategia de defensa: la cúpula del Gobierno andaluz conocía el sistema de ayudas para pagar ERE y subvenciones directas a empresas que la magistrada considera ilegal.

Alaya comenzó a las 10.30 una larga jornada acusándole de seis delitos: cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación podría acarrearle una condena ulterior de más de 20 años de cárcel.

La clave de la declaración de Guerrero es que él siempre estimó que el sistema de subvenciones era legal. Actuaba según las indicaciones de sus superiores directos, los consejeros y viceconsejeros de Empleo que tuvo a lo largo de una década. “Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas”, explicó de manera gráfica Guerrero sobre un fondo para empresas en crisis que tuvo una dotación de 647 millones entre 2001 y 2010. Esta partida, denominada 31L, estaba contemplada en el Presupuesto andaluz y era debatida en el Parlamento autónomo.

¿Supo la cúpula del Gobierno que el procedimiento con el que se daba el dinero tenía reparos de la Intervención de la Junta de Andalucía? Esa incógnita no la despejó ayer Guerrero, que se limitó a explicar que el convenio marco de las ayudas firmado en 2001 contó con el respaldo del bufete Garrigues y que él siempre lo consideró legal. El Gobierno andaluz sigue defendiendo que el sistema (transferencias de financiación en vez de subvenciones excepcionales, que tienen un control más estricto) es legal.

El ex alto cargo de Empleo alegó que nadie le informó nunca de los reparos de la Intervención, que a partir de 2005 envió varios informes que cuestionaban el procedimiento administrativo utilizado para financiar los ERE.

Estos informes fueron enviados a Guerrero, al viceconsejero Agustín Barberá y al consejero de Empleo Antonio Fernández, ambos imputados. Pero ayer Guerrero negó la mayor. La Junta insiste en que su actual presidente, José Antonio Griñán (PSOE), desconocía las advertencias de la Intervención en su etapa como consejero de Economía (2004-2009).

En su declaración, Guerrero no tuvo que explicar cómo se benefició de los 900.000 euros que dio a su exchófer en dos subvenciones, según la declaración de este último ante la policía, o la póliza ilegal de 240.000 euros que concedió a su suegra. La juez no le preguntó ayer por estas particulares ayudas. Pero aún resta más de la mitad del interrogatorio, que continuará hoy.

Los disparos hacia arriba de Guerrero tuvieron nombres propios: el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Empleo y diputado José Antonio Viera y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros. “Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas”, insistió Guerrero.

Sobre Chaves, dijo que su gabinete de Presidencia le comunicó por escrito que solucionara un problema en la empresa Bilore porque en los días posteriores el expresidente acudía a visitar la compañía “y no quería problemas” con los trabajadores.

Guerrero dibujó un escenario en el que cada consejero pedía para su territorio: Zarrías para Jaén, Viera para Sevilla, Isaías Pérez Saldaña para Huelva. Y Guerrero se retrató ayer como el brazo ejecutor de un sistema que se encontró diseñado a su llegada al Gobierno autónomo en 1999 y que se limitó a utilizar las herramientas de las que dispuso.

El ex alto cargo explicó que informaba de todas las ayudas que concedía en el consejo de dirección de la Consejería de Empleo, al que acudían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales.

El acusado precisó que incluso daba cuenta de las personas que recibieron las ayudas y que ahora la investigación denomina intrusos (personas prejubiladas y ajenas a las empresas beneficiadas). La defensa de Guerrero es simple: él estima que esas personas merecían las ayudas sociolaborales y que no era responsabilidad suya incluirlos en paquetes de empresas ajenas a estas personas, función que achacó a las consultoras y aseguradoras.

En su declaración, Guerrero explicó cómo al llegar en 1999 a Empleo se puso a las órdenes del viceconsejero (y consejero de Empleo a partir de 2004) Antonio Fernández, y empezó a tramitar ciertas “concesiones tácitas” en el expediente de la empresa Cárnicas Molina que no estaban reflejadas en los documentos oficiales de las subvenciones. Guerrero sostuvo que el convenio marco que puso en marcha el fondo de los ERE en 2001 no se redactó para evitar los reparos que puso la Intervención delegada de la Junta en la Consejería de Empleo en el expediente de la empresa Cárnicas Molina, pese a que matizó que el interventor sí puso pegas en el último pago de este ERE. Guerrero aseguró que la Junta estableció el fondo para garantizar la “paz social” y evitar las protestas en las calles por el cierre de empresas.

Guerrero aseguró que cuando dejó la Junta los expedientes estaban completos y que si ahora falta información es culpa de los responsables que llegaron posteriormente a Empleo.

Cuando la juez le preguntó a las 19.00 sobre los pagos al bufete Garrigues, dijo no recordarlo. “Estoy cansado ¿podemos parar?” preguntó a Alaya. Esta mañana continúa la sesión.