El fiscal pide año y medio de cárcel para dos 'mossos' por lesiones a un detenido

La fiscalía ha pedido un año y medio de cárcel para un sargento y un agente de los Mossos d'Esquadra acusados de destrozar los testículos a un detenido durante una intervención policial en Castelldefels (Baix Llobregat). Los imputados, miembros del Grupo Especial de Intervención -una unidad de elite que actúa en operaciones de alto riesgo- violaron las normas al utilizar una granada de aturdimiento en el interior del vehículo en el que viajaba José Antonio Coscolín Mellado. En el coche, un porsche Cayenne, le acompañaba un hombre que por en aquella fecha (noviembre de 2008) estaba siendo investigado en un caso de robo, extorsión y asociación ilícita.

La detención de ese hombre por emplear métodos brutales en el cobro a morosos iba a producirse en su domicilio. Ante los riesgos para la seguridad de los agentes, el sargento Víctor E. incluyó entre el material una granada de aturdimiento que “aturde y desorienta mediante una explosión de luz y sonido”, según el escrito de acusación del fiscal. Se usa, según los protocolos del Departamento de Interior, para entradas a domicilio y motines en las cárceles. Aunque descartó finalmente entrar en el piso. Víctor E. “mantuvo la autorización” para emplar el artefacto.

Para impedir su huida, el coche de Coscolín y su acompañante fue interceptado por dos furgonetas policiales en el paseo de la Ribera. Uno de los agentes, el acusado Alberto M., rompió el cristal del copiloto y “lanzó a su interior” la granada, “a sabiendas de los efectos potencialmente lesivos”, subraya el fiscal. La granada “cayó sobre las piernas” de Coscolín, estalló y liberó su carga. La víctima, que tenía entonces 25 años, perdió el testículo derecho y el 75% del izquierdo.

El fiscal considera que los dos policías son responsables de un delito de lesiones imprudentes y les exige el pago de 50.000 euros de indemnización. La acusación particular, que ejerce la abogada Susana Sánchez, pide tres años de cárcel para cada uno y una indemnización de más de 600.000 euros.