Papeletas impresas en casa

Una de las fotos clásicas de los prolegómenos de las elecciones es la de una nave en la que se muestran centenares, miles de urnas y cajas de cartón con las papeletas y los sobres listos para salir camino de los colegios electorales. Una foto imposible en la consulta popular que hoy pregunta a los madrileños si quieren que el Canal de Isabel II siga siendo cien por cien público. Porque prácticamente cada urna, cada papeleta fotocopiada en la papelería del barrio o impresa desde el ordenador de casa tiene padre o madre distinto. Mismas instrucciones, centenares de autores. La urna que hoy se instala en el Rastro de Tetuán durmió anoche en casa de Jesús, integrante de la asamblea del 15-M del barrio. “Cada urna tiene un responsable que la monta, que en este caso soy yo, y otro que la desmonta”, explica.

En un folio DIN-A4 caben exactamente cuatro papeletas. En Tetuán los miembros de la asamblea han ido ofreciéndose a imprimir 100, 200, 300, cada uno las que pudiera, desde enero pasado. Este fin de semana ya estaba todo el trabajo hecho: en cada urna habrá unas 1.000 papeletas para votar. Pese a la heterogeneidad de los organizadores —asambleas del 15-M, partidos políticos como IU, PSOE y Equo, sindicatos, Ecologistas en Acción, asociaciones de vecinos, el comité de empresa del Canal y otras plataformas reivindicativas— se han consensuado unas normas sobre horarios de votación, actas y escrutinio que permitirán, según Ladislao Martínez, de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que a última hora del día haya un resultado, que se anunciará el lunes por la mañana.

La pregunta es: “¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?”. Y la respuesta, sí o no. A falta de colegios, las mesas estarán en la calle, señalizadas con unas banderolas azules. Las urnas, ya sean de cartón, madera o cualquier otro material, también lucirán el color que ha definido a la marea azul desde que, a finales de 2008, el Gobierno de Esperanza Aguirre abrió la puerta a la privatización de la empresa que ha suministrado el agua potable a la región los últimos 150 años. Fue en esas fechas cuando algunos ciudadanos empezaron a alarmarse; exactamente el día en que la Asamblea aprobó sin debate parlamentario la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2009, en la que se permitía al Canal transformarse en sociedad anónima y vender el 49% de sus acciones.

La crisis aparcó casi dos años la salida a Bolsa del Canal. El Gobierno de Aguirre parecía haberse olvidado, pero antes de las elecciones autonómicas el vicepresidente regional y presidente de la empresa pública, Ignacio González, empezó a encadenar declaraciones en las que anunciaba que se reactivaba la operación. Poco antes de los comicios, la plataforma contra la privatización, para entonces ya muy fortalecida, convocó una manifestación. Después llegaron centenares de actos informativos, charlas y debates por barrios y pueblos de la región.

“Entregamos 37.000 firmas al Gobierno regional contra la privatización, y le pedimos un referéndum. Nos ignoró”, relata Martínez. Si no hay consulta oficial, la habrá popular, decidió la plataforma. “Queremos llamar la atención sobre un proceso opaco y en el que el Gobierno se niega, incluso en sede parlamentaria, a precisar el valor del Canal”, añade. La rebelión contra la privatización de la empresa pública, y el debate sobre su pertinencia, llegarán en algún momento a la Asamblea. Ocho municipios presentaron a finales de 2011 una iniciativa legislativa municipal (ILM) que obliga a devolver la cuestión a la cámara. Hoy, las cerca de 300 mesas instaladas por toda la región escucharán a los ciudadanos.