La policía tiene pendiente el análisis de los planos intervenidos a Ortiz

La Brigada de delitos económicos no ha concluido el análisis de la documentación intervenida al promotor Enrique Ortiz en su yate Helena y en la sede de su empresa matriz, el grupo Cívica, la noche del 6 de julio de 2010, cuando el empresario fue arrestado, junto a otras 18 personas, en el marco de la operación policial que destapó la trama de la basura y el urbanismo que investiga el sumario del caso Brugal.

Este informe policial es una de las últimas diligencias de calado que el magistrado está pendiente de recibir para rematar la pieza separada del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del promotor.

El informe policial también será clave para las determinar si las partes solicitan nuevas pruebas testificales

El instructor de ese sumario, el magistrado Enrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha remitido un escrito a la policía para reclamar el informe. La demora de esta diligencia podría ser utilizada por las defensas de los imputados, con Ortiz a la cabeza, para plantear un nuevo recurso de nulidad de las actuaciones en este caso por indefensión de los acusados.

Entre los documentos incautados a Ortiz en el registro del yate Helena se incluyen varios planos. Los agentes, además de cotejar el periodo al que pertenecen estos documentos, es decir antes o después de la exposición al público del PGOU de Alicante, también están realizando pruebas para identificar las huellas dactilares encontradas sobre los planos y el material urbanístico confiscado.

Además, el informe policial también será clave para las determinar si las partes solicitan nuevas pruebas testificales. En la instrucción de este sumario igualmente está pendiente la realización de la prueba caligráfica a otro imputado de relevancia, el abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. El test pretende verificar si unas anotaciones manuscritas halladas sobre alegaciones presentadas al planeamiento fueron realizadas por el familiar de la regidora, y socio del despacho de Salvetti Abogados que, según la policía, tramitaba algunas de las alegaciones al PGOU.

En este sumario del PGOU de Alicante hay 19 imputados. El fiscal acusa además a Castedo y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

Castedo y Alperi, aforados

Castedo y Alperi son aforados por su condición de diputados autonómicos. De ahí, que su imputación competa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el supuesto de que el instructor observe indicios de delitos en uno de los dos deberá remitir el sumario al alto tribunal. Fuentes del caso barajaban la próxima Semana Santa como fecha probable para el traslado del sumario. Sin embargo, el retraso del informe policial sobre el registro en la empresa y el yate de Ortiz podría demorarla meses.

Las otras dos piezas centrales del caso Brugal (la contrata de la basura del plan Zonal de la Vega Baja y la del Ayuntamiento de Orihuela), cuya instrucción dirige el Juzgado número 3 de Orihuela, también se han reactivado merced a la iniciativa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. Éste, tras la doble resolución de la Audiencia de Alicante convalidando las escuchas telefónicas, ha solicitado al juez que cite como imputadas a 54 personas más entre las dos causas.

Los nombres más destacados de la lista del ministerio público son la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, y Ángel Francisco Ripoll, asesor financiero y hermano del exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El juez imputa al que también fuera presidente de la Diputación de cinco delitos, entre ellos, el de cohecho por la adjudicación de la contrata del plan zonal de La Vega Baja.