Prioridades invertidas

La situación de la educación en la Comunidad Valenciana es manifiestamente mejorable. No podemos estar orgullosos de las cifras de fracaso y abandono escolar prematuro, ni de que haya promociones de alumnado que no han conocido unas instalaciones dignas en toda su escolaridad.

Pero los problemas no se solucionan negando su existencia, ni atribuyendo las causas de los mismos a las leyes educativas o a la falta de esfuerzo del alumnado. La falta de dinero para el funcionamiento diario de los centros no es un problema puntual de tesorería y la existencia endémica de barracones no es producto de una avalancha de nuevos alumnos. Hace ya muchos años que estos problemas son recurrentes. Y lo han sido en épocas de fuerte crecimiento económico, crecimiento que se ha dedicado a priorizar políticas que nada han tenido que ver con la necesidad de invertir más y mejor en educación.

En los últimos 10 años somos la Comunidad Autónoma que más ha empeorado las cifras de fracaso escolar. En Cantabria, la tasa de graduados ha pasado de un 76,2% en el 2000 a un 86,5% en 2010, en Extremadura de un 67,1% al 76,3%, y en la Comunidad Valenciana de un 74,7% a un 63,1%. Y si analizamos los resultados de las evaluaciones internacionales veremos que hay más diferencias entre la Comunidad Valenciana y Asturias, que entre España y Finlandia.

En estos 10 años, que yo sepa, no se ha producido ningún fenómeno que haya provocado una alteración genética en los jóvenes valencianos que les haya llevado a suspender más. Si las leyes educativas, siempre mejorables, provocan que entre el 80 y el 87% de los alumnos asturianos, vascos o cántabros tengan el título de graduado en ESO y sólo el 63% de los alumnos valencianos alcancen la titulación, algo debemos estar haciendo mal.

Hay diversos factores que inciden en estos resultados, externos e internos. La apuesta por un modelo de crecimiento económico centrado de forma desproporcionada en el sector de la construcción ha provocado un efecto llamada a muchos jóvenes que abandonaron el sistema educativo para incorporarse a trabajos con un buen sueldo y sin necesitar ningún tipo de cualificación. Hoy, la mayoría de esos jóvenes se encuentra en paro, sin cualificación y, por tanto, con muy pocas opciones de reincorporarse al mercado laboral.

Entre los internos al sistema educativo, en lugar de dedicar todas las energías y recursos disponibles a mejorar la atención al alumnado desde los primeros años de escolaridad, en lugar de incrementar el número de plazas en formación profesional, evitando que muchos alumnos se quedaran en la calle, en lugar de mostrar un apoyo decidido al profesorado, nos hemos dedicado a hablar de la Educación para la Ciudadanía en Inglés, o de problemas ópticos de los alumnos con los ordenadores.

Pero no quiero finalizar este artículo invitando a la desesperanza. Mejorar nuestro sistema educativo requiere el esfuerzo de todos: profesorado, alumnado y familias. Requiere, sobre todo, el esfuerzo de todos los partidos políticos y organizaciones sociales para apostar de forma decidida por invertir más y mejor en educación. La educación debe estar en el centro del debate social y político, pero no para lanzarnos piedras unos a otros sino para consensuar las medidas necesarias que impidan que dentro de diez años sigamos empeorando las cifras de fracaso y abandono escolar prematuro. Podemos y debemos hacerlo. Depende de nosotras y nosotros.

Miguel Soler es exdirector general de Formación Profesional del Ministerio de Educación.