El Consell busca abrir una brecha en los sindicatos opuestos al decretazo
Las centrales aceptan sentarse a negociar pero mantienen las movilizaciones El decreto que recorta el salario a los empleados públicos entró en vigor ayer
Tras más de dos meses de conflicto y movilizaciones por la aprobación de un decreto que recorta los salarios de los empleados de la Generalitat, el Consell y los sindicatos abrieron ayer un nuevo escenario.
El consejero de Hacienda, José Manuel Vela —a quien los sindicatos han exigido reiteradamente la dimisión—, presentó ayer en la mesa general de la Función Pública un documento con el que intenta suavizar el contenido del decretazo y abrir una brecha en la plataforma sindical, que ha mostrado hasta ahora un rechazo unánime a los recortes aprobados por el Gobierno del PP, que preside Alberto Fabra.
Los sindicatos, convocados todos ellos formalmente, y por primera vez, desde la aprobación del decreto de medidas urgentes, aceptaron sentarse a hablar a partir del próximo lunes en una mesa de negociación.
Pero ni el consejero de Hacienda aceptó paralizar la entrada en vigor del decreto, ni los sindicatos suspender las movilizaciones que tienen organizadas. “El Consell no suspenderá en ningún caso el decreto”, explicó Vela, “porque la reducción del déficit es innegociable, pero no se rompe la baraja y se constituye un grupo de trabajo sobre el documento que hemos presentado y todo aquello que consideren oportuno”.
"Abrimos el diálogo, pero habrá movilizaciones en paralelo”, advierten los sindicatos de Función Pública
“Hemos propuesto suspender las movilizaciones si ellos suspenden la entrada en vigor del decreto pero no han querido”, explicó el dirigente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Luis Lozano, que tachó el documento presentado por Vela de insuficiente.
Lozano argumentó: “Hace falta diálogo para salvar la situación, que es grave. Y abrimos el diálogo, pero habrá movilizaciones en paralelo”. Lozano admitió que también habían reclamado la retirada de las denuncias presentadas contra 55 sindicalistas por ocupar sedes de la Generalitat en las capitales de las tres provincias.
El documento propuesto por la Generalitat apenas introduce novedad alguna en el contenido del decreto que recorta el salario de los empleados públicos. El escrito se compromete, fundamentalmente, a recuperar parte del recorte salarial aplicado si la economía valenciana crece más del 0,5%. Una previsión muy poco probable si, como anuncian los principales organismos económicos, la economía española se encamina hacia una recesión en 2012.
Los sindicatos representados en la negociación con la Generalitat mostraron ayer matices en la valoración del documento. CSIF y su dirigente Daniel Matoses fue el que realizó una lectura más positiva de la propuesta formulada por el Consell.
“La propuesta tiene aspectos importantes como que los interinos mantengan sus puestos, la propuesta de horarios —que agrupa la jornada laboral para permitir a la Administración abrir solo una tarde semanal en vez de las dos actuales— y otros aspectos que no empeoran el decreto”, señaló Matoses.
Vicent Mauri, de Intersindical Valenciana, fue el más incrédulo con la propuesta presentada por Vela. “No aceptaremos que los interinos paguen la crisis. Tenemos una mesa negociadora, pero las espadas siguen en alto porque el consejero de Hacienda no ha querido suspender el decreto. Las cosas están como estaban”.
Lozano, que ejerció de portavoz de la plataforma en la mesa advirtió que los sindicatos realizan un ejercicio de responsabilidad, mientras que Arturo León, de Comisiones Obreras, adelantó que si no hay cambios en el decreto de recortes “la tensión se va a mantener e incrementar”. “Miles de interinos van a ver, desde hoy [por ayer] mermada su jornada laboral y su salario”, indicó.
Andrés Cánovas, de FSES, se mostró más conciliador al ver en la negociación con los sindicatos una posibilidad de resolver los problemas del decreto.
La pugna por los interinos
La entrada en vigor del decreto del decreto del 5 de enero supuso ayer para miles de interinos la reducción de su jornada laboral y la consecuente reducción de salario. Este colectivo, uno de los más perjudicados por el recorte del Consell, que insiste en que no ha despedido a nadie, se ha convertido en uno de los elementos clave de una posible negociación.
En la propuesta realizada a los sindicatos, el Consell se compromete a garantizar “el número de funcionarios interinos docentes que hayan obtenido vacante al inicio del curso 2011-2012”.
“Queremos dar estabilidad a los interinos y las 7.800 plazas se mantendrían este curso y el que viene”, admite la consejera de Educación, María José Catalá.
Para Intersindical, el problema es que el compromiso figura debajo de un párrafo en el que la Generalitat “garantiza el cumplimiento de 18 horas lectivas semanales efectivas en el ámbito de la enseñanza secundaria”. Y es en la palabra “efectivas” donde se centra parte del escollo, porque de cumplirse a rajatabla, las clases que tienen una duración de 50 minutos reales se llevarían a 60. La diferencia de tiempo, analizada individualmente, no parece tener consecuencias. Cuando se acumula, el cálculo hace torcer el gesto a los sindicatos que calculan que en la práctica supondría la reducción de entre 350 y 500 interinos menos el año que viene. Lo que, en su opinión, supondría otro deterioro en la calidad de la enseñanza pública que ya se enfrenta a jubilaciones que no se cubren, bajas por enfermedad que se retrasan y al deterioro de las condiciones del personal no docente que contribuye al funcionamiento de los centros.
El documento señala, además, que los compromisos de la Generalitat serán revisables si el Gobierno adopta nuevos ajustes que sean de aplicación obligatoria para las comunidades autónomas. Una situación que ya se ha producido con la reciente reforma laboral que, tal y como entienden los sindicatos, los excluye de los efectos del decretazo del Consell. Se trata de los interinos dependientes de la Administración de Justicia y de los empleados laborales temporales de la Generalitat y sus empresas públicas, a los que la reforma aprobada por Rajoy no incluye entre los colectivos a los que se puede aplicar por decreto una reducción de jornada. Otra de las excepciones previsibles es la de un centenar de funcionarios que reciben sus emolumentos de la UE y de fondos finalistas del Estado.
