Mucho más que una dación en pago

Todo empezó con una llamada a las dos y media de la tarde por parte de la entidad bancaria y la negociación se alargó hasta cerca de las nueve de la noche, horas antes del segundo lanzamiento previsto para Anuar Jalil, originario de Líbano, y Tatyana Roeva, de Bulgaria, la pareja que hace ocho meses —el 15 de junio de 2011— dio el pistoletazo de salida al movimiento contra los desahucios en Madrid. El piso, que adquirieron en 2006, está en el barrio de Tetuán y consiste en un dúplex de 50 metros cuadrados (abajo están el salón y la cocina, diminuta; arriba, el dormitorio y el baño) que se tasó en 250.000 euros. BBVA les concedió entonces un crédito por el 100% del valor de tasación.

La entidad ofreció anoche a la pareja la condonación de toda la deuda pendiente, 269.000 euros, siempre que abandonaran la vivienda hoy mismo. El abogado de la pareja, Rafael Mayoral, aceptó pero pidió que aplazaran la entrega de llaves dos meses, “hasta que puedan buscarse una alternativa, porque ahora mismo no tienen dónde ir”, o que les permitesen quedarse a cambio de un “alquiler social”. La entidad respondió ofreciéndose a pagarles la cantidad equivalente a dos meses de alquiler en otro piso distinto y de características similares. Tras encontrar gracias al boca a boca entre los simpatizantes que ayer les acompañaron una vivienda de alquiler a la que mudarse, la pareja aceptó. Entregarán hoy mismo en los juzgados las llaves del piso.

En la rocambolesca negociación de ayer con Anuar y Tatyana dos cosas quedaron claras: la entidad bancaria estaba dispuesta a echar los restos para evitar la previsible y mediática escena de activistas y afectados enfrentándose a la comisión judicial y lanzando consignas críticas. Pero tampoco iba a permitir que la pareja permaneciera más en un piso que pertenece al BBVA desde hace 30 meses. Anuar y Tatyana, por su parte, no estaban dispuestos a marcharse de la vivienda sin tener un sitio en el que meterse.

Más allá de este caso, lo sucedido tiene una importante carga simbólica. Mucho han cambiado las cosas en los ocho meses transcurridos desde que la pareja pidió ayuda para frenar su desalojo. Tanto por el lado de los afectados como por el de las entidades bancarias. Tatyana y Anuar, que empezaron su lucha como afectados, se han convertido en activistas y líderes del movimiento. Lejos ha quedado la Tatyana nerviosa, tímida y escurridiza con los medios. Ahora la búlgura ejerce de psicóloga de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), atiende a los afectados más deprimidos y ejerce de mediadora en los desahucios. Raro es al que falla.

También ha cambiado la actitud de las entidades bancarias, que en algunos casos están reaccionando ante la alarma social, la indignación y la solidaridad que los desahucios han despertado en la sociedad. En la PAH Madrid lo han notado: en el último mes al menos tres familias afectadas han logrado que la entidad les permita permanecer en el piso a cambio de un alquiler. Hace dos días, el propio presidente del BBVA, Francisco González, afirmaba en una entrevista a EL PAÍS que la entidad “aceptará” el código de buena conducta que ha propuesto el ministro de Economía, Luis de Guindos, para minimizar el impacto de los desahucios en las familias más desfavorecidas. “(...) Somos partidarios de buscar salidas correctas y asumibles para todos. El sector financiero está dispuesto a correr con parte del gasto porque es de justicia, pero hay que evitar que alguien que pueda pagar no lo haga”, dijo.

Hoy a las nueve y media, el abogado de la pareja ha entregado las llaves del piso de la Calle Naranjo a la entidad bancaria. Tatyana Roevo, por su parte, ha asistido, como casi todas las semanas desde hace medio año, a un nuevo desahucio, esta vez en la calle Vicenta Villegas, en el barrio de Lucero, para frenar -casualidades- un desalojo también del BBVA y que en esta ocasión afecta a Yheinmy Pérez. Según la PAH, esta inmigrante vive con su madre y carece de ingresos. Su deuda es de 193.000 euros y no puede afrontar las cuotas de su hipoteca. Unas 150 personas se han concentrado ante la vivienda para evitar su desalojo, con un coche de la policía municipal en las inmediaciones. Los activistas han logrado con su presencia paralizar el desahucio durante 15 días, hasta el 14 de marzo.