La firma de Urdangarin y la Infanta facturó 70.000 euros a la Generalitat

Aizoon, la empresa propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, figura como emisora de una de las facturas con las que el Instituto Nóos trató de cobrar gastos a la Generalitat Valenciana, enmarcados en el contrato para la celebración de los Juegos Europeos, firmado en diciembre de 2005, por un importe de tres millones de euros. Nóos trató de justificar con esta factura un gasto de 70.000 euros que la Administración valenciana no llegó a pagar. Los juegos nunca llegaron a celebrarse, pero la Generalitat pagó al instituto que presidía el yerno del Rey un total de 382.000 euros por las gestiones realizadas.

Al igual que la factura de la sociedad del duque de Palma y la hija del Rey, el Instituto Nóos presentó más de un centenar de facturas, con un importe global de 1,8 millones de euros, que también fueron rechazadas por la Generalitat. Con ellas, el instituto pretendía justificar servicios, gastos y gestiones realizadas para conseguir la designación de Valencia como sede de los juegos europeos, según la documentación que presentó para su cobro, por una decena de empresas.

Pese a que la entonces subsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, que también está imputada en la causa, paró el pago de estas facturas, tal como señaló en su declaración ante el juez, la Generalitat sí autorizó el pago de otras. Villalonga dijo además haber perdido el informe de autorización de estos pagos. Entre ellas, se encuentra una de Looby Comunicación que presenta un concepto igual al que figuraba en otra factura emitida por una de las empresas del equipo de gestión de Nóos, Shiriaimasu. Sin embargo, esta también fue rechazada.

Juegos Europeos

El interrogatorio a Iñaki Urdangarin ante el juzgado de Palma, que investiga los negocios del duque y sus empresas, se prolongó durante 22 horas. En ese tiempo, tanto el juez como el fiscal le preguntaron, de forma incisiva, por el contrato para la celebración de los Juegos Europeos, firmado por el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana. También cuestionaron la veracidad de las facturas presentadas como gastos para cobrarlos de la Administración, entre ellas, una de la sociedad Aizoon, de la que son propietarios el duque de Palma y su esposa, la Infanta Cristina. “Nunca dí orden de emitir esa factura”, alegó ante el juez Urdangarin, que además insistió en señalar que, en cualquier caso, la factura fue rechazada y, por lo tanto, no fue pagada.

Otra de las preguntas incómodas que el fiscal, Pedro Horrach, formuló al duque fue en referencia a la verdadera intención del cobro de las facturas rechazadas. ¿Ese dinero tenía como destino el retornar al propio Instituto Nóos o pagar alguna comisión a algún político de la Generalitat Valenciana?, preguntó Horrach. “Lo desconozco”, contestó Iñaki Urdangarin.

Entre el centenar de facturas rechazadas, también se encuentra una de Marcel Planelles, de 30.000 euros, que, tal como le preguntó el juez Castro al propio Urdangarin, también fue presentada para justificar gastos de eventos en Baleares.

En su declaración ante el juez José Castro, el duque dijo no poder decir nada sobre ella ya que en el tiempo en el que se presentó ya no ocupaba la presidencia del Instituto Nóos. La misma respuesta fue la que se encontró el juez cuando le preguntó por las facturas ficticias fabricadas por el grupo BPMO para que el Instituto Nóos justificara gastos y los cobrara de la Administración valenciana. “Si esto es posterior a marzo de 2006, ya me había desvinculado del Instituto Nóos”, contestó el duque.

Iñaki Urdangarin no quiso opinar sobre si le parecía “normal” que un contrato de tres millones de euros se firmara y aprobara tres días antes de Nochebuena pero tenía claro que Nóos acabó cobrando 380.000 euros de las arcas públicas valencianas por aquel acuerdo de los Juegos Europeos.

El duque de Palma reconoció que la idea surgió del empresario Miguel Zorío, que le acompañó en su reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El Instituto Nóos trató de cobrar del Gobierno valenciano 18 facturas de la empresa de Zorío, Looby Comunicación, por un importe de cerca de 600.000 euros. La Administración valenciana las rechazó.

En cualquier caso, tanto Zorío como Urdangarin declararon que el primero cobró del instituto que presidía el segundo. Zorío sostiene que cobró unos 540.000 euros, mientras que el duque no pudo precisar ante el juez a cuánto ascendió el pago. En ese punto, el juez incidió en el pago y cuestionó qué sentido tenía cobrar 380.000 euros para después tener que pagar 540.000, a lo que el yerno del Rey contestó que en la suma “iban comprendidos otros servicios que había prestado por el Valencia Summit”, un encuentro deportivo en el que Zorío también trabajó con Nóos. Las tres ediciones de este evento, el Valencia Summit, también ocuparon una parte de la maratoniana declaración. Este certamen se celebró tras la firma de un contrato entre el Instituto Nóos y la Fundación Valencia Turismo (que se abastecía principalmente de fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (de la que es titular la Generalitat Valenciana). Iñaki Urdangarin expuso ante el juez que la idea recibió una “favorable acogida” por parte de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Además, el duque de Palma desveló que fue la propia Barberá la que quiso implicar a la Generalitat en la celebración. Sin embargo, también en este punto señaló a su socio, Diego Torres, como el responsable de marcar el canon de 900.000 anuales que el Instituto Nóos cobró por este evento. En cualquier caso, sí afirmó con rotundidad que “nadie pidió explicaciones” cuando el juez le preguntó si algún miembro de la Generalitat requirió información sobre cómo se había llegado a cuantificar dicha suma. Además, Urdangarin justificó que se incluyeran como gastos billetes de avión para su socio, para los cuñados de su socio y para el propio hermano del duque.