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La juez envía a prisión al jefe de la trama del fraude de la cooperación

Augusto César Tauroni hizo negocio en las consejerías que ha dirigido a Blasco

El portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, y el presidente Alberto Fabra, se saludaron con poco entusiasmo.
El portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, y el presidente Alberto Fabra, se saludaron con poco entusiasmo.

La juez que investiga el saqueo de los fondos de cooperación otorgados entre 2008 y 2010 por la Generalitat cuando el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, era el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, terminó a las ocho de la mañana de este domingo de tomar declaración a los 14 detenidos el pasado jueves en una causa por malversación de fondos públicos, fraude en las subvenciones y falsedad documental. Y Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha acabado imputando finalmente a todos ellos en el caso, aunque ha dejado a 13 de ellos en libertad con cargos.

Para solo uno de ellos ha decretado la prisión comunicada y sin fianza. Se trata de Augusto César Tauroni, nombre muy frecuente en las empresas que han hecho negocio en las consejerías que ha dirigido Blasco y, según la policía, presidente de la Fundación Hemisferio, la institución a través de la cual se ha articulado el saqueo de las ayudas a los países en vías de desarrollo.

Augusto César Tauroni
Augusto César Tauroni

Entre los detenidos ha habido varios relacionados con Hemisferio, entre ellos el hermano de Augusto César, Arturo Tauroni, trabajador de la fundación, y el secretario de la misma, José Bollaín. Pero solo el cabecilla de la institución ha ingresado en prisión. La Fundación Hemisferio, que antes se llamaba Fundación Solidaridad Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por orden de un juez tras la denuncia de otra asociación, se encuentra en el epicentro de la trama del fraude en los fondos de cooperación. Al parecer, según la investigación y la declaración de al menos un detenido, desde la propia consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo de países del tercer mundo, en el sentido de que aceptaran su asesoramiento y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones.

Tauroni ha ido haciendo negocio al calor de las consejerías que ha dirigido Blasco, como Bienestar Social, Solidaridad y Ciudadanía o Sanidad. Y también ha tenido relación con su familia. Así, Tauroni coincidió con Bernardo Blasco, hermano del exconsejero, en la firma Apelcine.

Tauroni hizo negocio

en Bienestar Social,

Solidaridad y Sanidad

A principios de la década pasada, como gerente de General de Comunicación y Servicios (GCS) ganó varios de los concursos de la Consejería de Bienestar Social para gestionar servicios de atención telefónica y uno de mantenimiento de programas informáticos. Uno de ellos fue recurrido por otra empresa, que calificó de “ficción” la adjudicación por vía de urgencia de la asistencia telefónica a las personas mayores por 99.716 euros.

Otra empresa vinculada a Tauroni fue Lonerson, que junto a Tissat ganó otro concurso de 6,7 millones de euros para la gestión de los centros 24 horas. Según la documentación, Lonerson aportó directivos que cotizaban en CGS para hacerse con el contrato. Y hubo más: en otro concurso, esta vez junto a Asispa, para gestionar la teleasistencia en situaciones de riesgo, Lonerson usó la sede social, el teléfono y la web de CGS.

El imputado ahora en prisión

fue socio del hermano

del portavoz del PP en las Cortes

Después, con Blasco como consejero de Sanidad, se hizo con otros concursos. Incluso estalló otra polémica cuando el jefe de Informática se marchó de la consejería por negarse a aceptar la injerencia de Blasco en la evaluación de los aspirantes a un concurso millonario.

Y ya con Blasco en Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni volvió a aparecer en el solidario mundo de la cooperación.

Directamente, la fundación que según la policía preside Tauroni captó en 2010 ayudas del Consell por 415.000 euros. Además, la Fundación Hemisferio llegó a obtener una subvención de 177.779 euros a través de una resolución de Blasco para redactar el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en enero de 2010. Pero tras descubrirse que el dinero captado por cuestación de todos los valencianos se adjudicó a dedo, la consejería reculó y convocó un concurso.

El concurso lo ganó la ONG Esperanza Sin Fronteras, cuyo presidente, Fernando Darder, también ha sido imputado por la juez en el caso. Al parecer, en su declaración explicó que en la consejería se daban directrices a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que optaban a las ayudas de cooperación para el desarrollo en el tercer mundo, en el sentido de que aceptaran el asesoramiento de Hemisferio y pagaran sus informes o no obtendrían subvenciones.

La investigación de la trama

de cooperación arrancó

hace año y medio

De la implicación en la trama de personal de la consejería darían fe las actuaciones de la juez y los fiscales. Entre los detenidos figuran tres cargos de la administración, Josep Maria Felip, director general de Cooperación, Alexandre Català, actual subsecretario de Sanidad (fue secretario general de la consejería de Solidaridad) y Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación. Todos ellos han quedado en libertad con cargos. Blasco se negó el domingo a hacer manifestaciones sobre la detención de Tauroni, durante la celebración en Valencia del Día de Andalucía, donde quedó algo apartado de la comitiva encabezada por el presidente Alberto Fabra.

La investigación de la trama de los fondos de cooperación se inició hace año y medio a raíz de una denuncia de las diputadas Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, que detectaron turbias formas en la gestión de las ayudas que otorgaba Blasco. Y como común denominador aparecía una fundación creada al alimón en diciembre de 2008 por Arcmed y Dinamiz-E, llamada en principio Solidaridad Entre Pueblos y que luego se denominó Hemisferio. Según las diputadas el fraude en las ayudas a la cooperación podría rondar entre los siete y los nueve millones de euros.

La juez Nieves Molina y el fiscal anticorrupción Jesús Carrasco han mantenido en secreto la investigación desde mayo de 2011. En este tiempo se ha investigado múltiple documentación y se han ordenado escuchas telefónicas.

ONG con más peso con Blasco

A lo largo de los 16 años de Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, una de las estrategias acometidas por los dirigentes populares ha sido la de ganar terreno en la sociedad civil, bien fueran asociaciones vecinales, organizaciones de amas de casa, instituciones vinculadas a las fiestas populares, clubes deportivos o entidades culturales. Y en muchas ocasiones con cargo a los presupuestos públicos, mediante ayudas, subvenciones o patrocinios. Si los sindicatos molestan, pues se impulsa uno afín, como ocurrió en RTVV cuando el entorno de Vicente Sanz fundó la USO, con gran predicamento (hasta fue mayoritario) entre los que muchos trabajadores de la televisión consideran “enchufados”. Y si una federación de asociaciones es hostil, se facilita el nacimiento de otra.Y eso es lo que ocurrió en el mundo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la cooperación para el desarrollo (ONGD) de países del tercer mundo. Cuando llegó Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes, a la consejería que repartía los fondos de cooperación (entre 2007 y 2008, denominada de Inmigración y Ciudadanía, y entre 2009 y 2010, de Solidaridad y Ciudadanía) la voz cantante en la materia la tenía la Coordinadora Valenciana de ONGD, adscrita a una coordinadora estatal. Pero desde la consejería se impulsó, como contrapeso a unas voces críticas con su gestión, la Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional (Fedacod), a la que se pasó a dar cada vez más peso y protagonismo. De hecho, tras su creación muchas de las ONG ahí integradas pasaron a recibir cada vez más dinero, algunas multiplicando por 10 en un año las ayudas recibidas.Ambas instituciones han seguido dos caminos distintos en la crisis del saqueo a la ayuda al tercer mundo. En abril de 2011, la CVONGD exigió “una evaluación externa e independiente” de las ayudas dadas a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para la realización de diversos proyectos en Nicaragua, tras conocerse que había comprado dos céntricos pisos en Valencia por 947.000 euros con cargo a las ayudas para proyectos en Nicaragua recibidas por un total de 1,6 millones. Por su parte Fedacod montó en octubre de 2010 un acto público, bajo el título Una imagen vale más que mil mentiras, en el que denunció que detrás de las informaciones periodísticas sobre el fraude en las ayudas se escondía un ataque a las ONG más pequeñas para “favorecer a las multinacionales de la cooperación”. En una federación en la que figuran un centenar de ONG en su mayoría de pequeño tamaño y escasa experiencia, y en la que la inmensa mayoría funciona con su mejor buena voluntad, el acto estuvo presidido por representantes de varias de las organizaciones ahora investigadas por el juez, como Fernando Darder, de Esperanza Sin Fronteras, Christine Bernardette, de Asade África, y Rafael Barrera, de Fudersa. Para finalizar el acto, tomó la palabra un representante de la fundación ahora denominada Hemisferio. Meses después y con el escándalo ya en titulares, la Generalitat concedió 274.205 euros a Esperanza sin Fronteras para un proyecto en Perú; 270.761 en República Dominicana a Fudersa; 270.334 en Camerún a Asade África, y a Hemisferio otros 234.518 euros en El Salvador.

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