CRISIS EN LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

El presidente de la Diputación destituye a Matas por sus negocios con la ACM

Salvador Esteve prescinde de su coordinador general

La fiscalía investiga a Matas por facturar casi un millón de euros a la ACM

El organismo provincial rechazó la dimisión del cargo hace una semana

Josep Maria Matas, destituido como coordinador de la Diputación de Barcelona y exsecretario de la ACM.

Josep Maria Matas ha sido destituido por el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, como coordinador general de ese organismo por haber facturado con su empresa 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), mientras fue su secretario general, un total de 11 años. Los negocios de Matas, que han sido destapados por EL PAÍS en los últimos días, están siendo investigados por la fiscalía por si pudiera haber cometido un delito de malversación de fondos públicos al girar las facturas a nombre de su empresa, Parés i Solé SL. La ACM se nutre de las subvenciones que recibe de sus Ayuntamientos asociados y de la Generalitat.

El conocimiento de esa investigación, que trascendió ayer, puso la puntilla definitiva a Matas, cuya cabeza venía siendo reclamada de manera insistente por algunos dirigentes del sector soberanista de CDC. Matas es presidente de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) desde 2000 en la comarca de Osona y mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con Salvador Esteve, alcalde de Martorell (Baix Llobregat), que ha ocupado la alcaldía desde hace más 16 años.

El pasado día 13, cuando EL PAÍS publicó las primeras informaciones sobre el caso, Matas presentó su dimisión “para no perjudicar la imagen de la Diputación”, pero Esteve no se la aceptó. Tres días después, Esteve declaró que lo que había hecho Matas era “amoral, aunque no sea delito” y reclamó unos días para estudiar el caso. Finalmente, le dejó caer ayer, tras conocerse la investigación que está realizando el servicio de delitos económicos de la fiscalía de Barcelona.

El dirigente de CDC infló de manera desproporcionada ciertas facturas que giró a la ACM

Finaliza así una estrecha relación entre Esteve y Matas, que empieza en 2007, cuando el alcalde de Martorell recuperó la vara de mando tras haberla tenido 16 años. En 2007, Esteve fue nombrado presidente de la ACM y designó a Matas el coordinador general de ese organismo hasta 2011, en que Esteve pasó a presidir la Diputación de Barcelona y se llevó nuevamente a Matas como coordinador general. Durante los cuatro años que coincidieron en la ACM, Matas siguió facturando a este organismo.

Los trabajos de Matas que investiga la fiscalía y facturados por Parés i Solé SL son de dudosa justificación y fueron girados por conceptos muy genéricos. En otros casos, Matas cobró por servicios que ya facilitaban proveedores de la entidad. La investigación de la fiscalía se centra en esclarecer qué parte del dinero que recibe la ACM de los Ayuntamientos y de la Generalitat se empleó en pagar los carísimos trabajos de Parés i Solé SL.

En algunos casos, el dirigente de CDC infló de manera desproporcionada ciertas facturas que giró a la ACM. El ejemplo más ilustrativo son los 8.000 euros mensuales que cobró durante tres años por elaborar un resumen de prensa que apenas costaba 500.

En CDC no hay nadie que admita que se conocía la actividad privada que mantenía Matas mientras fue secretario general de la ACM y que el beneficio que obtuvo siempre fue para beneficio propio y no para el partido. En el partido nacionalista ha causado especial desconcierto que Matas adquiriese una casa señorial de 130 metros cuadrados en Centelles (Osona) mientras se lucraba con estos negocios financiados con dinero público.

Artur Mas avala la actuación de Esteve destacando su “autonomía total” para destituir a Matas

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declinó valorar la destitución de Matas con el argumento de que se trataba de un tema que afectaba a otra institución política. El presidente de la Generalitat avaló la actuación de Esteve destacando su “autonomía total” para destituir a Matas. Con todo, Mas aseguró que era una renuncia y no una destitución.

Tampoco quisieron ahondar en la cuestión el Partit dels Socialistes y el Partido Popular. El portavoz del PSC en la Diputación, Josep Mayoral, evitó valorar la destitución y se limitó a mostrar su “respeto” por el presidente Salvador Esteve. “La semana pasada nos pidió más tiempo para analizar las informaciones y ahora ha actuado”, comentó Mayoral, que recalcó que las acciones de Matas “se produjeron en otra institución”, la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Por ello, el portavoz provincial socialista cree que, con la destitución de Matas, el caso queda al margen de la Diputación. Idéntica opinión mostró Alberto Villagrasa, portavoz provincial del Partido Popular, que gobierna junto a CiU en la Diputación. Villagrasa se limitó a recalcar su “respeto” a la actuación de Esteve y a recordar que los hechos sucedieron antes de formarse el Gobierno provincial.

Los grupos opositores evitaron cargar contra el presidente Esteve, aunque sí mantuvieron que ha tardado mucho en destituir a Matas, desde que hace 10 días EL PAÍS destapara el caso. “Era inevitable e ineludible, y ya lo era hace 10 días. Llegan tarde porque si la actividad profesional de Matas no era compatible con la ACM, tampoco lo era con la Diputación”, apuntó Arnau Funes, portavoz de ICV. Funes exigió explicaciones a la ACM y a su presidente, Miquel Buch, de CiU. Fue la entidad municipalista la que pagó casi un millón de euros a la empresa de Matas, y por ahora todas las justificaciones se han limitado a un breve comunicado. “Nuestros representantes en la ACM pidieron explicaciones en paralelo a nuestras demandas en la Diputación”, destacó Funes, que concluyó: “Nosotros ya hemos tenido una reunión y una junta de portavoces, y en la ACM, solo una nota”.

El portavoz provincial de Esquerra Republicana, Jordi Portabella celebró la decisión de Esteve por ser “justa”, ya que Matas “no ha dado una explicación satisfactoria” de sus negocios. El republicano consideró que el cese puede servir para mostrar a la ciudadanía que las instituciones deploran los comportamientos poco éticos de los representantes públicos.

Las facturas infladas de la ACM

Josep Maria Matas facturó alrededor de 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) mientras era su secretario general. La fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación de oficio para conocer si parte del dinero público que percibe la entidad municipalista se empleó en pagar a Matas por los trabajos que prestaba a través de su empresa, Parés i Solé SL. Tal como ha revelado este diario, Matas facturaba a la ACM por conceptos difusos y difíciles de justificar, y también por servicios de los que, en realidad, se encargaban los proveedores habituales de la entidad de carácter privado.

El servicio de delitos económicos de la fiscalía examinará con especial atención las facturas que giró la empresa a la ACM, ya que algunas de ellas estaban infladas de una forma desproporcionada. Por citar uno de los ejemplos más llamativos, Matas llegó a facturar 8.000 euros mensualmente por un resumen de prensa que no costaba más de 500. Parés i Solé SL tenía como cliente exclusivo la ACM. Para desarrollar sus negocios irregulares, Matas se había rodeado Convergència Democràtica de Catalunya. El ministerio público pretende averiguar si hubo malversación de dinero público o apropiación indebida por parte del antiguo número dos de la Diputación de Barcelona.

Prat, entre lo público y lo privado

La investigación que la fiscalía de Tarragona abrirá en torno al holding Innova de Reus se centra en la figura de Josep Prat. El presidente del ICS compatibilizó ese cargo con el de director general del conglomerado municipal y vicepresidente de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. El ministerio público debe averiguar si, como denuncia la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus, la superposición de cargos públicos y privados influyó en la toma de decisiones de Prat.

Las pesquisas también podrán versar, en función de la documentación que se obtenga, sobre las presuntas irregularidades de la docena de empresas que integran Innova, convertida en un agujero negro que devora el presupuesto municipal y representa dos tercios de su deuda. La CUP también ha llevado Innova ante la oficina de lucha contra el fraude de la Unión Europea por los fondos comunitarios recibidos. Y el propio Consistorio ha llevado la actividad de una de esas empresas, Tecnoparc, a la Oficina Antifraude de Cataluña y a la Audiencia de Tarragona.

Prat acabó dimitiendo de todos sus empleos salvo el de presidente del ICS, aunque la Generalitat defendió que no existía incompatibilidad, ya que el cargo público “no es ejecutivo ni tiene remuneración”.

'Mochilas sospechosas' en la Diputación

Los sobresueldos que ha otorgado durante años la Diputación de Barcelona también están en el foco de la fiscalía. La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, investigará la legalidad de las compensaciones salariales que percibían, de forma individualizada, ciertos funcionarios del ente provincial cuando abandonaban un puesto de responsabilidad. Ese complemento salarial, que se extinguía a lo largo de 10 años, se conoce popularmente como el caso de las mochilas y funcionó bajo el mandato de los cuatro últimos presidentes, todos ellos del PSC: Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho y Antoni Fogué.

Solidaritat per la Independència (SI) interpuso una querella contra ellos por prevaricación y malversación de fondos por los sobresueldos. Se ignora por ahora la identidad de los beneficiarios de esa medida, no de los extremos que la fiscalía deberá aclarar. Según las estimaciones del presidente de la Diputación, el convergente Salvador Esteve, la mochila se otorgó a unas 60 personas, lo que ha supuesto un coste cercano al millón de euros.

Al tomar posesión como presidente, Esteve puso fin al sistema de las mochilas y encargó un informe para cerciorarse de la legalidad del decreto que, en 2004, permitió la existencia de esas compensaciones.

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