Martinsa pagará costas millonarias por perder el juicio contra Jove
Según la sentencia, no hay ninguna prueba "de actuación u omisión imputable a Manuel Jove o Antonio de la Morena que pueda ser considerada contraria a la ley".
Fernando Martín (Martinsa) ha errado el tiro con la demanda multimillonaria que presentó el año pasado contra el empresario Manuel Jove, (Inveravante), que en 2006 le vendió la inmobiliaria Fadesa. El primero acusaba a Jove y a su exconsejero delegado, Antonio de la Morena, de haber suministrado a la tasadora CB Richard Ellis datos falsos en 37 activos (suelos y promociones inmobiliarias). Esos activos, que según Martinsa estaban inflados para incrementar el precio de la compañía, habrían causado un daño patrimonial a la empresa de 1.576 millones, algo que, según la sentencia conocida ayer, no existió.
El juzgado mercantil de A Coruña, el mismo que pilotó el concurso de acreedores de la inmobiliaria, desestimó ayer íntegramente la demanda argumentando que no hay “ninguna prueba de actuación u omisión imputable a Manuel Jove o Antonio de la Morena que pueda ser considerada contraria a la ley [...] que deba ser señalada como causante del daño que Fadesa, después Martinsa, dice haber sufrido”. Para empezar, desgrana que Fernando Martín compró “acciones, no activos”, y que “la valoración de CB Richard Ellis no tuvo ni pudo tener ninguna influencia ni en la decisión de adquirir las acciones de Fadesa ni en la de financiar la compra; no la tuvo, tampoco en la decisión de fusionar las dos compañías [la de Martín y la de Jove] bajo la fórmula de una absorción con la que afloraron [...] grandes plusvalías contables”.
El precio convenido, de 35,7 euros por acción, suponía asignar a Fadesa un valor de 4.045 millones, frente a una tasación de 10.019 millones de la empresa en cuestión. Eso significa que “tanto la Bolsa como los oferentes no tomaban en consideración el valor bruto de mercado que Richard Ellis había asignado a los activos”. El juez da más argumentos contra las pretensiones de Martinsa, como que en agosto de 2007, reconoció que “había llevado a cabo un examen exhaustivo de la situación de la sociedad [...] con el debido asesoramiento legal y técnico, de los activos y todos los aspectos de la actividad empresarial desarrollada por la misma”. Después de este examen, Martinsa manifestó “su satisfacción con la situación de la sociedad y su conformidad con la gestión llevada a cabo por los directivos y consejeros de Fadesa”.
La valoración que Martín cuestiona no influyó en el precio de venta de Fadesa
La firma que según Martinsa valoró mal los terrenos y promociones de la inmobiliaria, continuó haciendo tasaciones al alza de la compañía. Por lo tanto, las expectativas iniciales “se confirmaban muy satisfactoriamente: el valor razonable de mercado de Fadesa era incluso superior al esperado y se mantuvo en los meses siguientes, cuando ya era evidente el nacimiento de la crisis. La selección de la información remitida en las dos últimas ocasiones a Richard Ellis se hizo bajo el mandato de los nuevos gestores de Fadesa”.
La sentencia continúa: “Ninguna expectativa pudieron fundar los adquirientes en el informe y ningún incentivo podían tener los gestores para inflar la valoración de sus activos cuando, cualquiera que fuera el valor resultante, el precio por acción ya había sido previamente determinado y el compromiso de vender ya había sido irrevocablemente contraído”. Tampoco tiene el juez constancia de que Jove o su socio “interviniesen personalmente en la selección de la información que llegaba a la tasadora”.
Para los abogados de Manuel Jove y Antonio de la Morena, la sentencia demuestra que la demanda interpuesta por Martín era “un enorme fraude procesal ya que ni había hechos, ni pruebas ni tampoco fundamentos de derecho”. Martinsa, que aseguró en un comunicado que “respeta la sentencia”, tiene ahora otro problema: ha sido condenada a pagar las costas del proceso, que fuentes jurídicas —basándose en las tablas del Colegio de Abogados— cifran en no menos de 15 millones de euros. “Es la estimación para una demanda de 1.500 millones que habría que multiplicar por dos [al haber dos demandados] y que puede ser rebajada o aumentada por el juez en función de lo que hayan costado los informes periciales, los abogados y todo lo demás”, cifran esas fuentes. Martinsa, que estudia recurrir la sentencia, podría aplazar así el pago de las costas multimillonarias. Pero se arriesga a tener que pagar entre un 50% y un 60% más si vuelve a perder. El órdago que le puede salir muy caro.
"No se ha demostrado el daño"
No se ha logrado explicar cómo una supuesta sobrevaloración de activos de una compañía de esa naturaleza pudo ocasionar un daño a la compañía misma, ni tampoco cómo es posible que el daño sea igual al importe de la sobrevaloración de activos". Ese agujero, según la demanda de Martinsa, era de 1.576 millones, pero "los suelos que constituyen las existencias de la compañía se contabilizaban, como es obligado, a precio de adquisición, según ha quedado demostrado".
La sentencia es demoledora contra los argumentos de la inmobiliaria, que planteó la demanda cinco años después de la operación porque, según dijo, la tasación de la empresa objeto de análisis "desapareció" durante ese tiempon un somero comunicado, la compañía que preside Fernando Martín aseguró ayer que la decisión de presentar un recurso la tomará "el consejo de administración". "En una primera lectura, la sentencia no se pronuncia sobre si los activos fueron bien o mal valorados, causa principal de su demanda", ataca. Es la tesis que mantuvieron los abogados durante el juicio, un macroproceso muy mediático que se celebró en la penúltima semana de diciembre pasado en A Coruña.
El multimillonario Manuel Jove no escatimó en gastos: contrató a siete catedráticos para desmontar las acusaciones del expresidente del Real Madrid. El mismo Blas Calzada, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, testificó en su favor, así como decenas de testigos que aseguraron que Martín conocía a la perfección las entrañas de la compañía cuando la compró. El propio Jove admitió ante la sorpresa de los presentes que fue víctima de una extorsión. "Después de la venta me llama Fernando Martín un día y me dice que necesita 200 millones, que si no me ponía una demanda". A esa amenaza respondió en agosto de 2007, cuando suscribió un acuerdo para comprar cinco hoteles en Galicia y Cataluña junto a otros solares a cambio de esos 200 millones. Como condición, Martín le firmó una cláusula de "no agresión", que lo liberaba de demandas judiciales en el futuro. No la cumplió, pero resultado ayer no pudo ser peor para los intereses de Martinsa.
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