Guerrero declara en precampaña y su chófer, a cinco días del 25-M

La juez ha fijado para el 20 de marzo la declaración del exconductor Juan Francisco Trujillo

Guerrero, en primer plano, con su abogado antes de declarar. / GARCÍA CORDERO

Regreso al pasado. La juez Mercedes Alaya ha demostrado en el último año una singular actuación procesal respecto a los procesos electorales. En los comicios municipales del pasado mayo, tres días antes de la votación, citó como imputado en el caso Mercasevilla al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de IU a la alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos.

En las elecciones generales del 20 de noviembre, volvió a irrumpir en la campaña al dictar un auto, a tres días de los comicios, en el que exigía a la Junta que le informara de operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por “el titular de la Consejería de Economía”, cargo que ostentaba el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Ahora el escándalo de los ERE, que ya acumula 49 imputados, será de nuevo portada a solo cuatro días de las elecciones autonómicas con la declaración más explosiva de los últimos meses: la del exchófer del ex director general Javier Guerrero, que declaró ante la policía haberse gastado parte de los 900.000 euros que recibió por dos subvenciones en “cocaína, fiestas y copas”. La juez ha fijado para el 20 de marzo la declaración del exconductor Juan Francisco Trujillo, a solo cinco días del 25-M.

La esperada declaración de Guerrero ante la juez será el 7 de marzo, a dos días del inicio de la campaña, después de que el abogado del ex director general hubiese pedido un aplazamiento de la fecha de la declaración prevista para hoy jueves. La secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, censuró este hecho y subrayó que es “demasiada casualidad” que Alaya “interfiera” de nuevo en una campaña electoral.

Por otra parte, la juez censuró ayer a la Junta por “obstaculizar sobremanera el estudio de la documentación y la investigación” del caso. La magistrada critica al Ejecutivo por no haber entregado “un único desplegable [de pagos a empresas]” que incluya todas las ayudas concedidas y pagadas, pero también las no abonadas o pendientes de pago, así como las no autorizadas.

El Gobierno andaluz rechazó esta crítica y subrayó que está “remitiendo la información solicitada” por la juez “con la mayor diligencia posible” y “en las mejores condiciones disponibles”.

 

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