El Ayuntamiento admite la falta de control en el uso de coches oficiales
La inspección de posibles irregularidades se topa con la ausencia de mecanismo de vigilancia Detecta sin embargo casos de empleo indebido de recursos municipales para fines personales El Gobierno local refuerza la normativa interna para evitar que se repitan estos negligencias
La inspección realizada por el Ayuntamiento de Madrid sobre el presunto uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios y altos cargos (que supuestamente empleaban para otras tareas los coches destinados a inspeccionar semáforos) ha concluido que la absoluta falta de control municipal sobre lo que se hacía con esos vehículos impide “constatar si se asignaron al servicio de fines privados o particulares”. En cualquier caso, el informe sí señala que al menos ocasionalmente se hizo un uso inapropiado por parte de funcionarios (que iban a recoger a niños a la escuela con esos coches), y que hubo altos cargos que los emplearon como si de su vehículo oficial se tratara.
El Ayuntamiento de Madrid abonó entre 2005 y 2011 casi 70 millones de euros por la gestión de los semáforos de la ciudad a dos empresas, Etramad y Telvent, que, entre otras cosas, debían aportar varios vehículos con sus correspondientes conductores para que los técnicos municipales efectuaran las “funciones de vigilancia y control de los trabajos contratados”. Sin embargo, esos coches fueron usados presuntamente para tareas diferentes a las estipuladas en el contrato, como ha reconocido el propio Gobierno municipal y ha concluido la inspección administrativa iniciada a raíz de la denuncia de EL PAÍS.
Por contrato, esos coches debían usarse “todos los días laborables y durante la jornada completa de trabajo” de los técnicos. Sin embargo, la Subdirección General de Gestión de la Circulación “cambió de criterio” en junio de 2006 y “convirtió en general el uso contemplado como excepcional en el contrato”, permitiendo así el empleo de los coches fuera de la jornada laboral (por las tardes y los fines de semana). Los funcionarios municipales reconocen, según el informe, que se llevaban el coche a su casa, supuestamente para tenerlo “a su disposición en todo momento”. En septiembre de 2011, el Ayuntamiento cambió de nuevo el criterio y prohibió a los técnicos llevarse los vehículos a su casa por las noches.
“No habrá paz para los malvados”
“No habrá paz para los malvados”, ha bromeado esta mañana Ruth Porta (PSM) en la comisión de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento, al tratar las posibles irregularidades en el uso de recursos municipales. La concejal ha instado al Ayuntamiento a resolver el caso y no esperar a que “pase de largo”. Según recordó, el Gobierno local prometió contundencia, transparencia y rapidez. “A día de hoy, transparencia cero. Contundencia, desconocida. Y rapidez, 20 días después, totalmente nula”, ha añadido. “Según el pliego, los vehículos estaban destinados exclusivamente a los técnicos y disponibles solo para las funciones de control y mantenimiento. Si los directores generales, que evidentemente no encajan en ese perfil, los han usado, ha habido una vulneración de los contratos y un uso indebido de recursos públicos”. “¿A cambio de qué?”, se ha preguntado, dudando que las concesionarias cedieran esos vehículos “por altruismo”. “Los madrileños, que pagan esos coches, tienen derecho a saber”, ha concluido Porta.
Pero no solo eran funcionarios del área de Seguridad del Ayuntamiento (dirigida entonces por Pedro Calvo, ahora delegado de Economía) los que hacían presuntamente un uso inapropiado de los vehículos. También eran usados por altos cargos (entre ellos, el ahora ‘número dos’ de Calvo, Javier Conde) como si de coches oficiales se trataran, algo que ha reconocido el propio Calvo y confirma la inspección: “Los vehículos con conductor fueron usados como coches oficiales, con diversos niveles de disponibilidad (…) por los distintos responsables de la Dirección General de Movilidad [desde 2005] hasta el año 2008”. Y añade el informe: “El hecho de que los propios técnicos condujeran los vehículos fuera de la jornada de trabajo no resulta congruente [con el contrato]”.
La inspección detalla que “el sistema de control del tráfico de Madrid funciona todos los días del año y las 24 horas del día, produciéndose incidencias [62 al día] en cualquier momento no previsto, por lo que debe existir siempre una atención permanente y constante del personal técnico”. Es decir, si los coches incluidos en el contrato para estas tareas fueron usados por altos cargos a modo de coche oficial o, puntualmente, para tareas personales, como concluye la inspección, no estuvieron disponibles durante ese tiempo para la labor que estipula el contrato: asegurarse de que no haya ningún semáforo estropeado en algún lugar de la ciudad causando estropicios en el tráfico, por ejemplo.
El delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, ha asegurado hoy en la comisión del área que “la responsabilidad de los funcionarios comienza cuando hay daños patrimoniales”. En su opinión, como las empresas adjudicatarias “no han formulado queja alguna” sobre un excesivo gasto en peajes o gasolina, “no se ha producido ningún daño al Ayuntamiento”. No ha detallado, sin embargo, el daño provocado por las incidencias que pudieron quedar sin atender porque los coches estaban siendo usados indebidamente para otras tareas.
La inspección desvela además el absoluto descontrol en el uso de los coches incluidos en el contrato. El Ayuntamiento “no mantiene un registro en el que quede constancia de las incidencias en que intervienen los técnicos, tanto dentro como fuera de su jornada laboral”, señala. ¿En qué se basa entonces para afirmar que no se han producido irregularidades? En que ni los funcionarios ni las contratistas han efectuado denuncia alguna al respecto. Tanto Telvent como Etramad mantienen contratos en vigor con el Ayuntamiento de Madrid y participan regularmente en las licitaciones que éste efectúa.
No pudiéndose probar que el uso irregular fuera generalizado, como se denunció al Ayuntamiento, los técnicos sí han reconocido que “circunstancialmente”, los empleaban para “algún asunto personal puntual (incluso la recogida de niños pequeños de una escuela infantil)”. Fotografías en poder del Ayuntamiento muestran los coches (pagados para realizar inspecciones técnicas de semáforos) en el aparcamiento municipal con sillas para el transporte de menores instaladas en sus asientos.
Por todo ello, el Ayuntamiento ha aprobado dos decretos para poner fin a estos usos irregulares, en los que se establece que su personal debe “priorizar el uso de transporte público sobre la utilización de vehículos oficiales”; en caso emplear coches municipales destinados a un uso exclusivo, deberá contar con “autorización expresa” para cualquier tarea diferente; también precisará de esa autorización en caso de querer conducirlo personalmente el funcionario, prescindiendo del chófer correspondiente, o para usarlo fuera del horario laboral (los coches siempre deberán volver al Ayuntamiento por la noche).
Además, el Ayuntamiento designará a un responsable municipal de cada contrato, que supervisará su ejecución y velará por el uso apropiado de los medios asignados. Cualquier irregularidad será considera una falta grave, y además se exigirá responsabilidad patrimonial por los daños derivados de esa negligencia.
