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Griñán dice que la reforma laboral “rompe un modelo de convivencia”

Arenas reitera que el Gobierno dialogará pero que la normativa saldrá adelante

Fernando J. Pérez
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.JUAN FERRERAS (EFE)

Una “tremenda involución”, un “modelo diabólico”, un “atropello a los derechos”… La reforma laboral decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que facilita y abarata el despido, sigue cosechando críticas entre los partidos de izquierda y los sindicatos. Al día siguiente de que cientos de miles de personas se echaran a la calle en toda España para protestar por la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, las invectivas se han redoblado.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, afirmó ayer que la reforma laboral “rompe un consenso histórico y un modelo de convivencia que organizamos con los Pactos de la Moncloa y el diálogo social”. “No es la reforma del empleo sino del despido (...) no va a resolver el problema de fondo (...) y supone que los trabajadores ganen menos y trabajen más en precario”, afirmó en declaraciones a Canal Sur

Griñán, que es inspector de Trabajo y ha sido consejero y ministro de esta área en diferentes gobiernos autonómicos y centrales, es pesimista: “Lo peor está por llegar. No se sabe si [la reforma] va a crear empleo pero va a dar un poder total de decisión a los empresarios, y no se puede competir deprimiendo las condiciones de trabajo”. Pese a todo, Griñán se mostró contrario a la convocatoria de una huelga general. “No soy partidario de una huelga general nunca”, aseguró el presidente andaluz y secretario regional del PSOE, que justificó su ausencia en las manifestaciones del domingo en que su lugar estaba “en otro sitio”.

No soy partidario de la huelga general

José Antonio Griñán

La secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, fue aún más lejos y calificó la reforma como “la mayor traición a la clase trabajadora, a la que se maltrata con la excusa de la crisis”. Díaz calificó de “rotundo éxito” las manifestaciones del domingo, contra “el despido libre y barato y los salarios más bajos”.

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Por su parte, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, se felicitó por el “éxito” de las manifestaciones del domingo contra la reforma. Según él, la primera respuesta en la calle al abaratamiento del despido supone que los trabajadores andaluces han “sacado los dientes a la política de recortes de derechos del PP”. En un comunicado el líder regional de la coalición de izquierdas reclamó “una gran alianza de la izquierda alternativa y social para hacer frente a las políticas neoliberales que hizo antes el PSOE y que ahora continúan los populares”.

En la parte sindical, el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, acusó al Gobierno de “cargarse el derecho laboral de un plumazo” con “un modelo tan absolutamente diabólico que el parado para trabajar va a tener que comprar su trabajo con su propio desempleo”. Pastrana anunció ayer en Jaén una “oleada” de asambleas en todos los centros de trabajo para preparar la próxima manifestación, el próximo 29 de febrero, en todas las capitales andaluzas. Pastrana, que cifró en 160.000 los asistentes a las marchas del domingo, acusó al Gobierno de dar cifras “ridículamente bajas”.

Enfrente, defendiendo casi en solitario las nuevas medidas laborales, se situó Javier Arenas. El presidente del PP andaluz y también exministro de Trabajo, mostró su “respeto” por los sindicatos, baqueteados por los medios de comunicación afines a su partido. Arenas ofreció el “diálogo” de su partido en la tramitación parlamentaria de la reforma, pero advirtió que las modificaciones no se detendrán. “Lo único que no se nos puede pedir en este momento es que no hagamos nada”, dijo. “Dialogar nunca es estéril, incluso cuando no se alcanzan acuerdos”, insistió. El candidato a la presidencia de la Junta afirmó que “hay que seguir el camino de las reformas para crear confianza”.

Despido más barato

La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, prevé, entre otras medidas, reducir la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (hasta ahora eran 42).

El despido por causas objetivas (económicas o de organización) se sitúa en 20 días por año trabajado y podrá invocarse cuando la empresa tenga una disminución de ingresos de tres trimestres consecutivos.

Las empresas que quieran realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y pagar la indemnización mínima de 20 días no necesitarán el visto bueno de la autoridad laboral.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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