El fiscal pide 12 años de cárcel para el dueño del macroburdel de La Jonquera
Hoy se inicia el juicio contra José Moreno, acusado de proxenetismo
José Moreno, empresario de locales de alterne, se sentará hoy en el banquillo acusado de dirigir una trama encargada de trasladar mujeres procedentes de Brasil para prostituirlas en sus burdeles para ganar dinero. Moreno abrió uno de los burdeles más grandes de Europa en La Jonquera (Alt Empordà) en octubre de 2010, semanas después de ser detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y cuando estaba imputado en dos causas por tráfico de personas. Junto con el empresario se sentarán otros seis acusados que, según el fiscal, trabajaban a sus órdenes en 2008, año en que las testigos protegidas declararon que habían llegado a España gracias al dinero de la trama para prostituirse. El fiscal pide para todos ellos 12 años de cárcel por un delito continuado contra el derecho de los trabajadores extranjeros y relativo a la prostitución. El abogado de Moreno niega todos los cargos.
Siguiendo órdenes del empresario, los imputados “se dedicaban a traer chicas desde Brasil, a veces con dinero proporcionado por Moreno” para que se prostituyesen en los clubes Edén (Pla de l’Estany) y Eclipse (Baix Empordà). Los acusados establecieron contactos con terceras personas, que los encargados de la investigación no han podido identificar, encargadas de reclutar a mujeres en el extranjero porque tenían problemas de “falta de personal” en España, según el fiscal.
La red les pagaba el billete de avión y les entregaba los 2.000 euros necesarios para poder entrar en el país con un visado de turista. Al llegar a España, los encargados de la trama les retiraban ese dinero y las llevaban directamente a los burdeles, “sin que conste que lo hiciesen obligadas”, dice el ministerio público.
Trabajaban “en condiciones
Una vez en los clubes, la trama descontaba de cada servicio una parte para pagar la deuda contraída por el viaje. El primer servicio del día se destinaba a pagar el billete de avión, cuyo coste se había multiplicado: los 800 euros iniciales se convertían en 2.500, según una de las testigos protegidas. Las ganancias obtenidas con el segundo cliente de cada jornada se esfumaban para pagar la estancia en el burdel, que podía costarle a cada una de las mujeres “entre 100 y 150 euros por día”. El dinero que ganaban las chicas lo recaudaban los encargados y del total también se les descontaba el coste de la ropa de cama y de la limpieza de las habitaciones.
Las mujeres trabajaban “en condiciones leoninas”, según recoge el escrito del fiscal. Las chicas tenían que trabajar durante 11 horas al día, seis días a la semana. Por cada día no trabajado debían abonar 40 euros. Los encargados fijaban el precio de los servicios. Según una de las chicas, la tarifa no podía bajar de 65 euros.
La policía decidió registrar los burdeles en octubre de 2010. En los locales los investigadores encontraron numerosa documentación, ordenadores y cantidades de dinero distribuidas en sobres con distintos nombres. En el domicilio de Moreno, los agentes hallaron joyas, teléfonos y material que el empresario había obtenido con los beneficios de la prostitución, según el fiscal.
En julio de 2010, la policía embargó cinco millones de euros en bienes a 12 acusados de proxenetismo, entre ellos Moreno. La operación se consideró un logro importante, porque por primera vez los cuerpos policiales actuaban sobre las ganancias obtenidas por los proxenetas. La policía embargó 14 fincas valoradas en 3,5 millones, cuatro coches de lujo, una limusina, un camión y dos barcos.
El resto de los acusados en el juicio son el chófer y recadero de la trama, en cuyo domicilio la policía encontró una pistola semiautomática para la que no tenía licencia (delito por el que el fiscal pide dos años más de cárcel), dos encargados de los clubes y tres personas cuyo trabajo consistía en captar y organizar el traslado de las mujeres desde Brasil. Todos se lucraron con el negocio, según el fiscal.
