LOS ROBOS DE BEBÉS

La primera exhumación de pago en Euskadi

Una familia vizcaína recurre a un laboratorio privado para desenterrar a un niño y poder verificar si es suyo

Concentración de SOS Bebés Robados en San Sebastián. / JESÚS URIARTE

La necesidad de conocer la verdad ha llevado a una familia de Bizkaia, que quiere mantener el anonimato, a abrir la puerta a las exhumaciones realizadas por empresas privadas sin necesidad de que la orden provenga de un juez en los supuestos casos de robo de bebés.

El desenterramiento de un bebé el pasado fin de semana ante la sospecha de una madre que denuncia irregularidades se ha convertido en el primer caso en el País Vasco de una familia que acude a un laboratorio para realizar la recogida de restos óseos en caso de que estos existan. El juez no vio indicios suficientes en este caso para abrir una investigación.

A diferencia de las tres exhumaciones realizadas hasta la fecha por orden judicial, en las que el féretro estaba vacío, esta vez en Bizkaia se halló el cuerpo de un bebé. Neodiagnóstica, un laboratorio que colabora con la asociación SOS Bebés Robados desde que esta se constituyó en junio de 2011, se encarga de analizar los restos y realizar las pruebas genéticas para comprobar si se trata del hijo de dicha mujer. Los resultados estarán a disposición de la familia en unos dos meses.

Para que la exhumación privada y sus resultados tengan validez judicial y puedan servir como prueba de posibles irregularidades tienen que seguir un riguroso protocolo. En primer lugar, debe ser un perito judicial el que realice el desenterramiento. Hay que contar con testigos; se filma todo el proceso y se tiene que establecer una cadena de custodia de las pruebas que se recogen. Este último es uno de los pasos más delicados. “Se trata de un documento que certifica el origen y la identidad de las muestras recogidas y que en todo momento está en custodia, como si fuera un preso. Sabemos dónde está, quién lo toca o manipula y se sigue una trazabilidad de esa muestra”, explica Jaume Puj, gerente de Neodiagnóstica.

Un rígido protocolo determina que el desenterramiento tenga validez judicial

El patólogo guipuzcoano Luis Miguel Querejeta asegura que el procedimiento privado resulta tan válido desde el punto de vista técnico como cualquier otro tramitado por vía judicial. “Se tienen que cumplir todos los requisitos para que finalmente el resultado se valide”, resalta.

El desembolso económico que implica hacerlo de forma particular —entre 900 y 1.500 euros, sin contar las tasas del cementerio—, lo convierte en la última opción. “Sería recomendable que primero se agote la vía judicial, conseguir una información previa suficiente para justificar esa prueba e intentar no hacerla a la ligera porque una familia tenga dudas. Se pueden generar falsas expectativas”, opina Querejeta.

Euskadi suma más de 600 supuestos casos de bebés robados de los cuales se han interpuesto 233 denuncias. Los procesos archivados y los que no avanzan por falta de indicios son los que inicialmente con mayor probabilidad podrían recurrir a la fórmula de exhumaciones privadas.

Neodiagnóstica ha recibido entre 50 y 60 solicitudes de información a nivel estatal, cifra que se triplica con las entradas por Internet. Este laboratorio catalán, con sedes en Madrid y Valencia, ha realizado 30 presupuestos, de los cuales “un tercio se ejecutarán” en los próximos meses, según Puj. En el caso de Euskadi prevé que se realicen tres nuevas exhumaciones particulares para marzo. “Muchas familias están esperando a que salga la tramitación judicial, porque así les resulta gratis”, señala.

Querejeta recuerda que el esfuerzo económico y emocional que supone el que una familia decida abrir un féretro no sirve de nada si luego las pruebas genéticas no se cotejan bien. “Hay que contar con una base de datos bien estructurada. El sentido común dice que debería existir un único banco genético nacional en el que cruzar todos los datos que vayan saliendo. Si tengo dudas de mi origen y sé que hay una única base de datos a la que dirigirme, hay más posibilidades”, opina Puj.

Neodiagnóstica cuenta con 800 perfiles de madres e hijos que están buscándose. Ya se han dado varios encuentros.

El peso del factor emocional

“Será dificultoso que muchos casos vengan a nosotros para solicitar una exhumación por dos motivos: el económico, pues cuesta entre 900 y 1.500 euros, y el emocional”, reconoce Jaume Puj, gerente de Neodiagnóstica. Las reacciones de muchas familias con las que ha tratado muestran que, con todo, pesan más las emociones. “El no saber realmente lo que ocurrió con un hijo que supuestamente murió es un tema doloroso y muchas familias no quieren remover más las cosas hasta el punto de pagar de su bolsillo una exhumación”, añade. Y ello sin contar con las discrepancias en las propias familias cuando algunos miembros, generalmente los hijos, no quieren que sus padres vayan más allá de la investigación judicial.

Quienes optan por la vía de la exhumación privada tendrán que reunir tres documentos para que ésta sea autorizada. En primer lugar, se pide un certificado de inhumación al cementerio y se comprueba la localización del féretro, la familia tiene que ser propietaria del panteón o nicho y la última persona en ser enterrada tiene que llevar más de cinco años —por debajo de esa fecha requiere una orden del juez—. Después, se solicita a Sanidad el permiso para la exhumación y el traslado de los restos para su análisis. Finalmente, se fija el día y la hora y se pagan las tasas en el cementerio, que oscilan entre los 300 y los 900 euros en función de cada camposanto.

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