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EL FUTURO DEL SISTEMA FINANCIERO

Novagalicia tendría que multiplicar por 16 sus beneficios para sanearse

La entidad necesita otros 2.340 millones por su exposición al ladrillo

María Fernández
César González Bueno, consejero delegado de NGB y José María Castellano, presidente.
César González Bueno, consejero delegado de NGB y José María Castellano, presidente.ANXO IGLESIAS

Sumen a todo lo anterior (los primeros 1.160 millones del fondo de rescate y los segundos 2.465) otros 2.340 millones. Es lo que ahora necesita conseguir Novagalicia Banco (NGB), el proyecto surgido de la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia para cumplir con el Real Decreto de reforma financiera apadrinado por el ministro Luis de Guindos. Esa cantidad multiplica por 16 los últimos beneficios anunciados en el año 2010, que ya parece muy lejano. Si no lo logra antes del 31 de septiembre lo más probable es que desaparezca en manos de una entidad mayor.

Todo se debe a la exposición al sector inmobiliario: según la normativa, 1.600 millones de euros son imprescindibles para nuevas provisiones por el riesgo del ladrillo. De ellas, 395 millones se exigen como colchón genérico para cubrir el 7% de los créditos a promotores (que ascienden a 5.642 millones de euros) Otros 595 millones servirán para seguir soportando los créditos morosos o los que están a un paso de convertirse en dudosos y relacionados también con el ladrillo. La guinda, 610 millones, se destinaran al “saneamiento adicional de activos inmobiliarios en el balance”, los inmuebles adjudicados por impagos.

“La nueva normativa también establece la necesidad de contar con un exceso sobre el capital principal mínimo en función de la exposición a suelo o promociones en curso. Dicho colchón en el caso de NCG Banco, se cuantifica en 740 millones de euros”, añade la entidad.

Necesita añadir 1.600 millones a sus provisiones y 740 a su capital

Para lograr semejante cantidad en tan poco tiempo, el banco que preside José María Castellano mencionó tres caminos. El primero, a través de “la capacidad de generar resultados antes de provisiones”, una vía que, como se analiza arriba, parece misión imposible —hasta marzo no se presentarán los resultados de 2011, pero fuentes financieras aseguran que el beneficio, si se consigue, será muy ajustado—.

En segundo lugar, a través de un “plan de reducción de exposición al riesgo que contempla la venta de inmuebles”, algo que por otra parte ya están realizando todas las entidades financieras españolas. Y en tercer lugar, a través del “plan de recapitalización y entrada de nuevos inversores en el que la entidad está trabajando desde septiembre”. Ahí las sombras siguen siendo muy alargadas: lo único que ha conseguido la empresa hasta el momento son los 70 millones de inversores gallegos, que representan un 2,59% del capital. Castellano tenía a finales de 2011 compromisos —que no eran firmes— de fondos de inversión americanos que en algún caso superaban los 500 millones de euros. Era su apuesta para reconstruir la entidad heredera de las cajas de ahorro maltrechas por el peso del ladrillo. Ahora y con las cosas mucho más cuesta arriba, el ejecutivo insiste en que su proyecto pasa por continuar de manera autónoma.

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En paralelo, NGB sigue trabajando en su plan para reducir drásticamente la plantilla, algo que le resultará más sencillo ahora que se ha aprobado la reforma laboral. En una reunión con trabajadores celebrada ayer, los responsables de recursos humanos transmitieron al comité que su intención es despedir a 750 personas con medidas “no forzosas”. Los sindicatos responden que, si es así, deberían retirar su proyecto de convertir el actual expediente de regulación de empleo voluntario en obligatorio.

Fue el primer encuentro tras las movilizaciones de los sindicatos en Vigo, A Coruña y Barcelona celebradas esta semana. Clodomiro Montero, de CIG, calificó la propuesta de NGB de “infumable”, y propuso alternativas para recolocar al personal de servicios centrales en la red comercial. Los puntos de la negociación se centran ahora en varias propuestas, como la de cambiar la reducción de salarios (de entre un 4% y un 20%), por una rebaja a las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones. “Lo que no queremos son despidos o recortes salariales y estamos dispuestos a negociar alternativas”, aseguró Montero a Europa Press.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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