Los afectados por el cierre de la academia de vuelo Top Fly piden cuatro millones

“No somos niños pijos que quieren ser pilotos. Mis padres tuvieron que poner su piso de aval para que yo pagase el curso”. Aniol Jòdar es uno de los afectados por el caso Top Fly, la escuela de pilotos de Sabadell (Vallès Occidental) que en junio de 2011 cerró sin previo aviso y dejó en la estacada a 89 aspirantes a piloto. Jòdar abonó 90.000 euros para obtener la licencia de piloto de helicóptero, pero el cierre de la escuela frustró sus planes. “Mucha gente se ha quedado sin dinero, sin trabajo y sin futuro”, dijo ayer, en la primera sesión del juicio contra la empresa.

Los afectados piden a los responsables de Top Fly que les devuelvan más de cuatro millones de euros que abonaron por una formación que nunca recibieron. En la vista, el director, el subdirector y el jefe de estudios explicaron que habían expresado su “disconformidad” con la marcha de la escuela en los meses anteriores al cierre. El director, Francesc Miralpeix, dijo que fue “despedido verbalmente” por ello. Mientras suprimía clases —en especial, prácticas de vuelo—, la empresa seguía matriculando a alumnos, que pagaban por adelantado entre 45.000 y 90.000 euros, según el tipo de licencia.

Posible mala fe empresarial

Los afectados, que hoy declaran ante el juez, sostienen que Top Fly actuó de mala fe. Pese a las “evidencias” de que el ritmo de los cursos se lentificaba, la empresa siempre negó que tuviese problemas económicos, hasta el mismo día en que anunció el cierre. José Azemar era el administrador único de Top Fly. Los responsables técnicos de la escuela afirmaron que habían oído “rumores” sobre una posible descapitalización de 3,6 millones de la empresa, que tenía una flota de 45 aviones y helicópteros, la mayoría alquilados.

A preguntas del abogado de los afectados, Joaquín Nebra, los técnicos aseguraron que, sin esa pérdida de capital social, Top Fly podría haber realizado con éxito los cursos. La fiscalía está presente en la causa en defensa del interés público. Uno de los casos más graves, dijo el letrado, es el de un alumno que pagó el curso con el dinero de una póliza que cobró por la muerte de su padre en accidente de tráfico.