Wert siembra dudas sobre la legalidad de las oposiciones para profesores
Los sindicatos instan al PP a que aclare si va a recurrir la convocatoria andaluza La Junta defiende la validez de su oferta de empleo público
Si el objetivo es desquiciar a los opositores que se están preparando las pruebas, se va por el buen camino. Primero fue el cambio repentino de los temarios y, ahora, vuelven las dudas sobre un hipotético recurso que paralizaría las pruebas.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha sembrado este martes más incertidumbre sobre la oferta de empleo público docente que pretende convocar en junio el Gobierno andaluz. Wert, que ha participado en un acto en Madrid del Foro Nueva Sociedad, fue interpelado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurra ante los tribunales las oposiciones andaluzas por saltarse, supuestamente, las restricciones presupuestarias. “A nadie nos gusta, y menos a que a nadie al ministro de Educación, que tengamos las limitaciones que tenemos en la tasa de reposición docente, pero la ley es la ley para todos y, por tanto, el Gobierno no tiene otra misión que hacerla cumplir”, ha respondido el ministro.
Wert ha deslizado las dudas legales, pero ha negado su responsabilidad a la hora de presentar un hipotético recurso: “Es el Ministerio de Hacienda el que tiene que tomar las decisiones. El Ministerio de Educación se limita a trasladar a ese ministerio las circunstancias del caso y, por tanto, cuando le toque venir aquí a Cristóbal Montoro que conteste él”. Un portavoz del departamento de Montoro ha rechazado ofrecer información sobre este asunto y no ha aclarado si se está barajando o no el pleito: “No informamos de posibles recursos antes de ponerlos”.
Mientras Wert —que ha recomendado a las comunidades autónomas que no convoquen oposiciones este año— hacía estas declaraciones en Madrid, los cinco sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública andaluza (CSIF, CC OO, UGT, ANPE y Ustea) han exigido al PP que aclare de una vez su postura. Piden a los populares que digan ya si van recurrir la convocatoria. Los representantes de los trabajadores han convocado concentraciones en las ocho capitales de la comunidad el 21 de febrero para defender la oferta de empleo público prevista, que contempla 2.389 plazas de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño. “Exigimos al PP que se pronuncie”, ha dicho José Blanco, de CC OO. A esta petición se han sumado el resto de representantes sindicales, que critican, a través de un manifiesto, el cambio en los temarios que ha impuesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a última hora. En opinión de las centrales, este último movimiento de Wert es “una gran falta de respeto hacia las decenas de miles de opositores andaluces que están invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo”.
Las oposiciones se han convertido en una verdadera batalla política, acentuada por la precampaña electoral en Andalucía. La gran mayoría de las comunidades gobernadas por el PP ha decidido no convocar oposiciones este año, argumentando que las importantes restricciones impuestas por el Ejecutivo de Rajoy a la hora de reponer las jubilaciones las hacen casi inviables.
Wert se ha sumado a esta tesis y ha pedido a todas las comunidades que no hagan este año oferta de empleo y la acumulen para el año que viene. Sin embargo, “las plazas que no se convoquen este año serán plazas perdidas”, ha replicado Francisco Padilla, presidente de ANPE en Andalucía.
En este contexto contrario a la convocatoria de oposiciones, solo Andalucía, País Vasco, Cantabria y Madrid siguen adelante con su intención de sacarlas adelante. Y el ministro Wert decidió cambiar los temarios aprobados en noviembre, algo que los sindicatos han calificado este martes de “zancadilla” a las oposiciones.
Pero más grave que este cambio de temarios sería la presentación del recurso contra la convocatoria, lo que podría acarrear su paralización. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha insistido en que la oferta de empleo público “cumple escrupulosamente con la legalidad”, por lo que ha reclamado al Gobierno central que “disipe cualquier duda” sobre este proceso.
“Hay un estricto cumplimiento de la legalidad y esta incertidumbre solo de traduce en sufrimiento para los opositores”, ha recalcado Moreno. Por ello, la consejera reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “zanje” y “ponga fin a esta controversia”. “La mejor noticia que deberían recibir las miles de personas que están estudiando es el fin de esta controversia”, ha añadido Moreno.
Tasa de reposición y plazos para pleitear
Tras las dudas legales que envuelven (
) a las oposiciones docentes andaluzas está la interpretación de las restricciones impuestas por el Gobierno central a las comunidades autónomas. El año pasado, con un Gobierno central socialista, ya se vivió una situación parecida, que finalmente acabó en acuerdo entre las Administraciones. Todas las comunidades que quisieron pudieron convocar sus oposiciones el curso pasado.
Para calcular las 2.389 plazas de profesores que pretende ofertar este mes de junio, la Junta ha tomado como referencia los
, aún vigentes y donde se fija una tasa de reposición del 30%, es decir, se obliga a que solo se cubran tres de cada diez vacantes del sistema. Además, la Junta ha seguido el mismo esquema pactado el año pasado con el Gobierno socialista, que también estuvo a punto de recurrir sus oposiciones. Así, una parte importante de las 2.389 plazas de este año corresponden a la consolidación de empleo interino prevista en la
Para calcular el resto de las plazas se empleó la tasa de reposición del 30%, según señaló en su día el Gobierno andaluz.
Esta oferta de empleo público la aprobó la Junta el 27 de diciembre pasado. El problema es que el 30 de diciembre el Gobierno central aprobó el real decreto ley 20/2011, “de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”. En esa norma se congelan en 2012 todas las oposiciones y también las incorporaciones a través de la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, se señala que esas limitaciones no serán de aplicación en determinados sectores, entre los que está la educación, “en los que la tasa de reposición se fija en el 10%”.
La Junta sostiene que sus oposiciones son plenamente legales porque cuando el Consejo de Gobierno aprobó su oferta el 27 de diciembre estaba vigente todavía la tasa de reposición del 30% fijada en los Presupuestos. Sin embargo, el decreto que materializó este acuerdo del Consejo de Gobierno no se publicó en el BOJA hasta el 9 de enero, cuando ya habían entrado en vigor las nuevas restricciones del Ejecutivo central.
Este asunto lo debería resolver el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si es que finalmente el ministerio de Cristóbal Montoro decide recurrir las oposiciones de la Junta, algo que no está claro todavía y que los sindicatos piden al PP que aclare de una vez.
El plazo para presentar ese recurso es de dos meses, como señaló el año pasado la Abogacía del Estado. Si se toma como referencia el
público, el ministerio tendría hasta el 10 de marzo para recurrir. Si el departamento de Montoro decide impugnar la orden de convocatoria, que ya está firmada pero que ayer todavía no había sido publicada en el Boja, el plazo se ampliaría hasta mediados de abril.
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