El macrogeriátrico ganará 14 millones al año y pagará 30.000 de alquiler
Los comuneros solo cobrarán por la madera que dejarán de producir en los terrenos
“¡Qué descansada vida / la que huye del mundanal ruido!”. El poema de Fray Luis de León que así comienza, reproducido en la memoria entregada a la Xunta por la promotora Avance Arquitectónico SL, sintetiza para la empresa el espíritu del macrogeriátrico que quiere construir en Guitiriz. Un complejo de 173 hectáreas por las que distribuirá, con una inversión de 135 millones de euros cuyo origen no detalla, una residencia de 200 plazas, 900 viviendas de una o dos plazas, hotel, teatro, tiendas y huertos bajo el nombre de Ciudad Verde. Será “un verdadero espacio recuperado para el uso humano, racional y sensible”, asegura su documentación, con capacidad para unas 2.000 personas y que supondrá “un antes y un después en el concepto de asistencia a personas mayores”.
Esos terrenos son hoy un monte comunal de pinos, salpicados por cinco mámoas megalíticas, propiedad de un centenar de vecinos de Santa Mariña de Lagostelle. Una franja de 3,5 kilómetros de largo por 500 metros de ancho que bordea por el oeste el diminuto núcleo de una parroquia envejecida en la que dicen no saber de trámites ni de política y donde esperan con una mezcla de esperanza y escepticismo un proyecto que promete 400 empleos. “Si no tenemos beneficio directamente, al menos que nuestra gente se pueda beneficiar de algún puesto de trabajo”, dice Ramón Iglesias, presidente de la comunidad de montes, quien se reconoce “contento” pero pide “esperar a ver cómo acaba esto, que está empezando”.
Iglesias explica que el monte —Santa Mariña tiene 660 hectáreas de terrenos comunales— “da pocos beneficios”, pese a que es uno de los mejor gestionados de Galicia, como buena parte de los de Guitiriz, donde apenas se producen incendios. Así lo reconoce Medio Rural, que mantiene un convenio con la parroquia para “conservar y aumentar en lo posible los valores naturales y culturales existentes”. Valores que además de en madera se concretan en setas, miel, caza, pesca y pastos para un ganado —en Lagostelle hay incluso un ya exótico burro— que ha de convivir con corzos, jabalíes, zorros e incluso puede que algún lobo, según los documentos oficiales.
Cuando se le pregunta por cantidades, Iglesias asegura que no hay nada cerrado para la cesión de los terrenos sino un “acuerdo previo”, y que será cuando la promotora consiga los permisos cuando “se negociará eso”. Sin embargo, el propio Iglesias y otros representantes de la comunidad de montes elevaron a público en junio del año pasado ante una notaría de Castro de Rei un contrato que estipula que la promotora pagará a los comuneros, a cambio de disponer libremente de los terrenos durante 30 años —podrá realquilarlos o cederlos a terceros—, un alquiler de 30.000 euros anuales. Ese importe se hará efectivo en cuanto la promotora obtenga todos lo permisos. Por el contrario, si no consigue las licencias antes de cinco años, podrá rescindir el contrato unilateralmente.
Esas cifras se quedan pequeñas comparadas con los cálculos que hace la promotora. En la documentación presentada ante la Xunta estima una cifra de negocio anual de 42,2 millones. Y unos gastos anuales de 24,1 millones, principalmente —el 28%— en salarios de sus 400 trabajadores, pero también en alimentación, mantenimiento, luz, agua, etc. Descontados otros gastos y la amortización de los 135 millones de inversión inicial, la promotora estima unos resultados antes de intereses e impuestos de 14,7 millones al año.
La pista para entender la diferencia entre el beneficio millonario que obtendrá la promotora y el alquiler que pagará a los comuneros la da un vecino de la parroquia y la corroboran varias fuentes: “Se habló de que pagarían el aprovechamiento en madera anual que da ahora el monte”. Esto es, alquilar 1,73 millones de metros cuadrados cuesta 30.000 euros porque eso es lo que vale la madera que produciría esa superficie. Aunque esa superficie esté ocupada por un geriátrico de alto nivel.
A un par de vecinos consultados en la parroquia les “suena” la cifra de 30.000 euros al año, aunque no saben decir si es mucho o poco. No quieren dar sus nombres y remiten al presidente de la comunidad. “Yo estuve en la junta de la comunidad pero ya no quiero”, apunta un anciano apoyado en lo alto de un bastón desde el que conversa con un hombre de mediana edad que se afana en una poda. Éste no habla porque no es de Santa Mariña sino de una parroquia vecina. “Hay pocos jóvenes aquí para trabajar”, dice.
Quien da fe del envejecimiento de Lagostelle es el párroco, Alfonso Blanco, al que no le importa hablar y tiene fresco el momento en que se iniciaron las discretas gestiones para que Santa Mariña albergue el mayor geriátrico de Galicia. “No olvidaré nunca la fecha, el 24 de septiembre de 2010; la empresa convocó una reunión insistiendo mucho en que antes de presentar el proyecto al Ayuntamiento o a la Xunta querían hablar con la parroquia”, dice Blanco, quien cree que el complejo “puede ser muy importante para los vecinos, puede dar muchos empleos, pero también les digo que se asesoren bien, que no se dejen engañar”. “Que sea para bien”, concluye el párroco.
Los bajos sueldos de Lugo atraen a la promotora de la residencia
La decisión de la Xunta de apoyar el macrogeriátrico de Guitiriz en un terreno recalificado a seis kilómetros del núcleo urbano desató críticas de PSdeG y BNG, que creen que el Gobierno gallego hace “urbanismo a la carta” para una empresa privada que creará un “gueto para mayores”. El alcalde del PP, Xosé María Teixido, no se pronuncia porque prometió guardarle el “secreto” a la empresa promotora y esta no hace declaraciones. Pero en su documentación asegura que el suyo “no se trata de un gueto ni de un enclave incomunicado ni marginado”. Lo que sí reconoce en sus papeles Avance Arquitectónico es que eligió Guitiriz por “la variable de precios del terreno, claramente inferior a la de áreas urbanas” así como por “el factor costes salariales”, más bajos en los convenios colectivos del sector en la provincia de Lugo.
Pero el alquiler que pagará por los terrenos no es solo más bajo que en zonas urbanas sino también que en otros suelos rústicos recalificados. 1,73 millones de metros cuadrados que ahora son forestales pero que la Xunta convertirá en urbanizables le supondrán a la promotora un alquiler anual de dos céntimos el metro cuadrado. Como comparación, el terreno similar en el que se quiere instalar la planta de residuos de O Irixo tiene 500.000 metros, que en su caso se alquilarán por 75.000 euros: 15 céntimos el metro, siete veces más que en Guitiriz.
Lo que no se corresponde con el reducido coste del suelo y de los salarios en la comarca son las tarifas que prevé la empresa para sus plazas. Reconoce que el complejo “está destinado a personas con un nivel algo superior a las pensiones medias” —las gallegas son de las más bajas— y estima un precio de 1.800 euros al mes tanto para la plaza en la residencia asistida como en alguna de las 900 “unidades habitacionales independientes” de una o dos plazas.
También detalla que 66 plazas de la residencia y 594 en esas viviendas estarían concertadas con la Xunta, lo que rebajaría su precio a 1.479,60 euros. El Gobierno gallego, sin embargo, niega que haya comprometido ayudas e incluso que la empresa lo haya solicitado.
