El Gobierno estudia si el concurso público de medicamentos de la Junta es legal

El Gobierno central está estudiando la legalidad de la subasta de fármacos aprobada por la Junta para los principios activos más consumidos. Fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron este miércoles que los servicios jurídicos están estudiando el tema y que no hay una decisión tomada. Estas fuentes aseguraron que, en cualquier caso, la idea es “agotar las vías del diálogo” con todas las partes y no actuar “a golpe de recurso”.

El pronunciamiento del Ministerio se produjo después de que la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, emitiera un comunicado en el que pide al Gobierno central que recurra el decreto ley andaluz. En el mismo texto, la patronal anuncia que estudia también presentar “acciones legales” contra la convocatoria para la licitación de medicamentos, publicada en el BOJA la semana pasada, al entender que “vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado”, que es el que decide qué medicamentos se financian y fija su precio.

La patronal cree que la subasta "cercena" el acceso de los andaluces a "cientos de fármacos"

A la patronal nunca le ha gustado esta fórmula ideada por la Junta y esperaba llevarla a los tribunales una vez aprobada. El Gobierno andaluz dio luz verde en diciembre, pero lo tramitó en forma de decreto ley, que solo puede ser recurrido por una Administración, lo que cerró la puerta a que lo hicieran Farmaindustria o el consejo andaluz de colegios de farmacéuticos (también contrario a la subasta).

Desde entonces, la patronal busca un resquicio al que acogerse y parece haberlo encontrado en la resolución publicada en el BOJA, que Farmaindustria cree que sí que puede recurrirse. Con todo, sigue analizando el asunto y lo que ahora ha anunciado es que “está estudiando la adopción de acciones legales”.

Por si no fructifica su idea, la patronal quiere que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza, como ya hizo el anterior Ejecutivo en el caso del catálogo de medicamentos aprobado por la Xunta de Galicia. El anterior equipo del Ministerio de Sanidad mostró al principio reticencias sobre la subasta andaluza, pero, una vez que la Junta concretó los detalles, acabó respaldándola. Pero con el cambio de Gobierno en Madrid, el asunto ha vuelto a quedar el aire. De momento, se está estudiando, aunque un portavoz de la ministra, Ana Mato, señaló que la primera intención, no es recurrir.

La Junta se mostró tranquila ante la amenaza de Farmaindustria. La consejera de Salud, María Jesús Montero, dijo estar “convencida” de que el Gobierno central “no atenderá” el requerimiento de la patronal. “No creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego”, advirtió Montero, quien no dudó en asegurar que si el Ministerio recurre, la Junta “presentará batalla”.

El principal argumento al que alude Farmaindustria es que con la subasta “se excluirán” de la dispensación con cargo al SAS los medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante el concurso público, a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Para la patronal esto supone “cercenar” el acceso de los andaluces a cientos de fármacos.