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Farmaindustria estudia medidas legales contra la subasta pública de fármacos

La patronal pide al Gobierno que recurra ante el Constitucional el decreto ley andaluz

Medicamentos en una farmacia.
Medicamentos en una farmacia.CONSUELO BAUTISTA

La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, está estudiando la adopción de acciones legales contra la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía por la que se anuncia la convocatoria de la subasta pública de los principios activos más consumidos. Según Farmaindustria, el decreto-ley aprobado por la Junta para regular este proceso “vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado”, que es el que decide qué medicamentos se financian y fija su precio. La patronal de la industria pide, además, al Gobierno central que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley andaluz.

Farmaindustria cree que la Andalucía invade competencias del Estado

Farmaindustria advierte de que con la subasta se excluirán de la dispensación con cargo al SAS aquellos medicamentos que no hayan sido seleccionados mediante este sistema, aun a pesar de estar incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y cumplir las condiciones establecidas por la legislación estatal para ser dispensados en caso de prescripción por principio activo. Para la patronal esto supone “cercenar” el acceso de los andaluces a cientos de medicamentos “en la búsqueda de unos ahorros que en ningún caso van a conseguir solucionar las tensiones presupuestarias del sistema público de salud”. “Constituye, pues, un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”, señala la patronal en un comunicado emitido este miércoles.

Farmaindustria cree también que la norma andaluza implica una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas, “muchas de las cuales, especialmente los laboratorios innovadores, van a ver discriminados y expulsados de facto del mercado andaluz sus productos”. La patronal advierte de que esta “limitación a la competencia” podría infringir el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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