Una trama de falsificación de títulos académicos acumula 310 detenidos

Los usuarios compraron los diplomas ilegales en una academia de Málaga

El registro en 2008 de una academia de estudios en Málaga, cuyo propietario confeccionaba títulos académicos oficiales falsos, ha desembocado en una de las investigaciones más extensas de la historia del Cuerpo Nacional de Policía: la Operación Eladio. Las pesquisas, que siguen abiertas, han permitido desde septiembre pasado detener a 310 personas que supuestamente se sirvieron de diplomas falsificados para su promoción laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.

La investigación afecta hasta el momento a unas 500 personas, según fuentes cercanas al caso, y se han descubierto algunos casos que se han apoyado en los diplomas fraudulentos para entrar, a través de oposiciones, en diversas administraciones. Entre los usuarios de las acreditaciones ilegales se cuentan policías locales y nacionales, guardias civiles, trabajadores del Servicio Andaluz de Salud o empleados municipales.

Los títulos de imitación abarcaban todos los niveles educativos y todas las ramas del saber. Sus usuarios van desde aspirantes a trabajar en el sector de la seguridad privada, donde se requiere el Bachillerato, hasta estudiantes de último curso de Medicina con dificultades para aprobar alguna asignatura y que optaron por el atajo ilegal. Los investigadores también se han encontrado casos de empresarios que adquirían falsos títulos por pura vanidad, como forma de "adornar su currículo". Sin embargo, la inmensa mayoría de los títulos ilegales eran de graduado escolar y de Bachillerato, los que tienen más salida para oposiciones.

Entre los que usaron acreditaciones falsas hay policías y funcionarios

El dueño de la academia, que era el que falsificaba personalmente los diplomas, cobraba entre 500 y 1.500 euros, generalmente en función de la entidad del título. Sin embargo, según fuentes policiales, a veces actuaba de manera altruista y regalaba títulos a amigos y conocidos que le caían bien o que le habían prestado algún servicio.

Las falsificaciones eran "bastante buenas", según fuentes policiales. El grupo II de Fraudes de la Comisaría Provincial ha debido contar con la ayuda de la Policía Científica para determinar en algunos casos la falsedad de los títulos. El principal imputado, de unos 60 años, y que se encuentra en libertad provisional, cuidaba todos los detalles: desde los sellos y compulsas oficiales, hasta tener cuidado de no confundir al ministro o ministra de Educación en el momento de expedir el título.

Se cree que el principal acusado ha actuado durante seis a ocho años. "Normalmente, al principio este tipo de delincuentes toma precauciones, pero luego cuando creen que no pasa nada, tienden a relajarse, y es cuando se les detiene", afirma un mando de la comisaría de Málaga. Con el paso del tiempo, el dueño de la academia llegó a contar con una red de intermediarios que, a cambio de unos 200 euros, le enviaban posibles interesados en disponer de una de sus acreditaciones académicas falsificadas.

Una de las dificultades de la policía en esta investigación está en dilucidar si los usuarios de los diplomas acudieron a la academia a sabiendas de que iban a obtener un título falso o si actuaron de buena fe. "La inmensa mayoría es consciente de que el diploma era falso, pero hay casos, por ejemplo, de padres cuyos hijos no sirven para estudiar y que los apuntaban creyendo que simplemente en la academia iba a ser más fácil sacarse el graduado o el Bachillerato. También hay casos de gente que ha descubierto que su diploma no es válido y se ha matriculado de nuevo para sacar el título legalmente", apuntan fuentes policiales.

La causa por falsedad documental, intrusismo profesional y estafa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga. Para evitar el colapso de esa sede judicial y un futuro macrojuicio ingobernable, se está estudiando cada caso de forma individual. Ya se han producido algunas sentencias por conformidad en juicios rápidos. Otros imputados, con puesto de funcionario, han preferido seguir apelando con la idea de que con el paso del tiempo su delito prescribirá. Fuentes policiales afirman que la extinción del delito en estos casos no es posible, ya que mientras permanezcan en el puesto gracias a un diploma falso se mantiene la actividad ilegal. Casi todos los usuarios de los títulos falsos son malagueños, aunque se han detectado títulos fraudulentos de esta academia en otros lugares de España.

 

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