Pedro Calvo admite el uso indebido de coches de control de tráfico
La mano derecha del concejal de Economía empleaba los vehículos como si fueran el suyo oficial
El Ayuntamiento de Madrid abonó entre 2005 y 2011 casi 70 millones de euros por “los servicios de transmisión de datos, de gestión de los sistemas de información y de la regulación automática de las señales luminosas, relacionadas directamente con el control del tráfico”. En el punto 6.16 de las condiciones de la contrata se estipulaba que las empresas adjudicatarias debían proporcionar “todos los días laborables y durante la jornada completa de trabajo de los servicios técnicos, un vehículo con conductor, sin cargo alguno, para el traslado del personal perteneciente a aquellos servicios técnicos en el desempeño de sus funciones de vigilancia y control de los trabajos contratados”.
Las adjudicatarias, Etramad y Telvent, pusieron a disposición del Ayuntamiento los vehículos y tres conductores (uno por zona) para realizar esos servicios técnicos. Sin embargo, entre 2005 y 2011, dichos coches fueron usados para tareas diferentes de las estipuladas en el contrato, según una denuncia periodística investigada por el Ayuntamiento. Entre los implicados en las presuntas irregularidades está Javier Conde, mano derecha entonces y ahora de Pedro Calvo, que en ese periodo era delegado de Seguridad y en la actualidad es responsable del área de Economía. El edil explicó ayer: “Conde en ningún momento ha reconocido ni manifestado haber utilizado ninguno de esos medios para cosa distinta a la tarea que tenía encomendada en aquel momento como director general de Movilidad; y que en ningún caso los utilizó para fines personales ni familiares”.
Según la denuncia investigada, Conde hizo un uso irregular de vehículos (primero un Citroën C-4, luego un C-5) que debían emplearse para las inspecciones de semáforos. En concreto, y tal y como ha reconocido el propio Calvo, lo empleaba para las tareas propias de su cargo como director general. Es decir, como si de un coche oficial se tratara. Y, según la denuncia investigada, también para ir a conferencias y cursos de verano, a sedes del PP en semanas previas a las elecciones municipales de 2007, e incluso, en una ocasión, al estadio Santiago Bernabéu en tarde de partido.
A partir de la marcha de Conde y de su sucesor, José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia investigada, tanto Conde como otros altos cargos lo sabían.
Lissavetzky pide medidas inmediatas e información del 'caso semáforos'
La oposición coincidió ayer unánimemente en exigir al Gobierno local (PP) que “llegue al fondo del asunto” en la investigación del presunto uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió “medidas incluso de forma preventiva”, como “la separación del servicio de las personas presuntamente implicadas” en lo que bautizó como “caso de los semáforos”.
El líder socialista quiere “una comisión de investigación” para “depurar responsabilidades, incluso de carácter político”, ante “una presunta irregularidad que puede tener una vertiente legal”.
El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, vio “normal” y “bien” que el Gobierno local “investigue” si “tiene indicios razonables y razonados de que esas cosas han sucedido”, según Europa Press. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, tachó el asunto de “serio y grave”.
El Ayuntamiento ha anunciado ya que, “dada la gravedad de los hechos” denunciados, abrirá “de forma inmediata una investigación previa” y propondrá “la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad”.
La concejal socialista Ruth Porta informó ayer de que el pasado 12 de enero solicitó información sobre el contrato de semáforos vigente y sobre los dos anteriores. Considera que, al no haber recibido contestación, su solicitud debe considerarse estimada. Pero pese a ello denuncia que no ha recibido la información requerida.
“Dadas las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, directamente relacionadas con los expedientes de referencia, solicito el acceso inmediato a los citados expedientes o, en su caso, una resolución motivada de la denegación a la presente solicitud con el objeto de poder ejercer, a la mayor prontitud, las acciones judiciales que resulten procedentes”, añade Porta en la carta enviada ayer al Área Institucional del Gobierno municipal.
