El PP de O Carballiño sale en manifestación contra la nueva Sogama

Nueva revuelta popular contra la planta basurera de O Irixo. A pesar de haber defendido la Sogama del sur en un pleno de la Diputación de Ourense o de proclamar que “apoyan el proyecto de la Xunta”, el PP de O Carballiño se manifestó ayer contra la incineradora de O Irixo. La agrupación local del PP se unió a PSOE, BNG y a dos decenas de colectivos vecinales que reunieron en la localidad a 4.500 personas según la Policía Local, cifra que los organizadores elevan hasta 7.000 y otras fuentes rebajan hasta los 3.000 asistentes.

La participación de los conservadores en la manifestación tiene un evidente trasfondo político. O Carballiño ha sido un destacado feudo socialista durante los últimos 16 años que el PP baltarista recuperó en las últimas elecciones municipales. Con esta doble postura contentan a la dirección gallega y también a los vecinos.

El propio presidente de los populares en Ourense, José Manuel Baltar, negó ruptura alguna de la disciplina de partido y en una misma frase aseguró una cosa y la contraria. “Estamos a favor de la planta de la Xunta, pero en contra de la ubicación en ese municipio”, matizaba el 23 de enero. Tanto la Administración autonómica como Estela Eólica —la empresa que gestionará el basurero sin concurso público— han manifestado que la única ubicación que se plantea es O Irixo.

El líder del PSdG, Pachi Vázquez, que participó en la marcha, criticó la “doble cara” de los populares y solicitó la dimisión del alcalde, Argimiro Marnotes. “Es una postura para quedar bien y atacar a O Carballiño”, afirmó el socialista. El regidor, que leyó un manifiesto en el balcón del Ayuntamiento acompañado de toda la corporación, aseguró que no ha recibido ningún tipo de presión o recriminación por parte de la directiva: “Estoy a gusto en un partido en el que se respeta la autonomía municipal”.

 Marnotes explicó que se ha reunido con Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, de quien ha dicho que “es una persona que escucha”. La Xunta aprobó en diciembre la Lei de Política Industrial, que elimina hasta nueve trabas ambientales en la tramitación del proyecto. Lugareños y políticos coinciden en destacar la posible afección a la salud como una de sus principales quejas y la afección a sectores como el turístico o el vitivinícola. Marnotes mantiene que todos juntos pueden “conseguir algo”.