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Sierra Nevada choca con Medio Ambiente por una pista veterana

La incursión de la ruta del Águila en zona protegida obliga a modificarla

Pista del Águila, actualmente cerrada, en la Estación de esquí de Sierra Nevada.
Pista del Águila, actualmente cerrada, en la Estación de esquí de Sierra Nevada.M. ZARZA

Desde el puente de la Constitución los esquiadores expertos que acuden a Sierra Nevada se encuentran con la cabecera de la pista del Águila, cerca del Veleta, cerrada. Hace más de 40 años que existe, pero no ha sido hasta ahora cuando por 750 metros que se adentran en el Parque Nacional se ha generado un conflicto dentro de la propia Administración autonómica. Contraviene la normativa y Medio Ambiente insiste en que es “ilegal” que se balice la zona. Cetursa, empresa que gestiona la estación, alega que lo lleva haciendo desde el año 1964 dentro de los usos y aprovechamientos tradicionales del parque y era “conocido” y “admitido” por la propia Administración.

Es obvio que los intereses de Medio Ambiente chocan con los de Turismo, área del que depende la estación. Pero al conflicto regional hay que añadir la investigación en la Fiscalía por denuncias de ecologistas y de la Federación Andaluza de Montañismo y por los requerimientos del Gobierno central. Tanto el actual Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura como el anterior de Medio Ambiente, Rural y Marino han comunicado a Cetursa desde julio de 2011 que debía abandonar el tramo de pista que discurría por el Parque Nacional. La situación, según consta en las misivas, es “irregular”. El propio Organismo Autónomo de Parques Naturales reconocía que la solución “no era sencilla”, pero le instaba a rectificar.

La Consejería de Medio Ambiente le ha abierto un expediente sancionador, y no es la primera vez. Cetursa cuestiona por qué ahora esa curva que forma parte del trazado natural de la pendiente hacia Pradollano la reclama de esta forma el Parque Nacional. Ni la declaración de Parque Natural, en 1989, ni la de Nacional, 10 años después, acarrearon una modificación en el espacio ni en la actividad. En cualquier caso, las administraciones apremian y amenazan con emprender las acciones “oportunas” con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La zona que origina el conflicto pertenece a una pista que tiene en total seis kilómetros de longitud. La polémica es por 750 metros, según Medio Ambiente, y por 590, según Cetursa. Desde que se creó la estación, Cetursa ha pisado la nieve cuando el grosor lo “ha permitido” y “ha balizado” el recorrido. Los denunciantes sostienen que se “alteran” las condiciones de un espacio natural protegido al introducir maquinaria, lo que está tipificado como infracción grave que puede acarrear una multa de entre 5.001 y 200.000 euros.

El Ministerio Público, por su parte, ha pedido a todos los implicados que recaben información por si existiera un delito contra el medio ambiente. No obstante, una investigación penal por hechos similares acabó archivándose en 2009, aunque la consejería impuso una sanción de 24.501 euros a los responsables de la estación por infringir la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA). El expediente actual se ha abierto por incumplir la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El trazado está fuera del dominio esquiable y en un espacio de uso restringido. Aunque Cetursa se mostró combativa semanas atrás, finalmente va a modificar con una ligera variación el trazado de la pista. Los técnicos visitaron la zona el viernes y han acordado inicialmente una solución que permita mantener la longitud esquiable y el acceso a la cabecera de otros recorridos sin que se cree un embudo, según fuentes de la negociación.

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Al balizar la pista se ha alterado la zona del Barranco de San Juan, según Medio Ambiente, que ha decretado la suspensión de las actividades. Cetursa niega los daños y argumenta que baliza anclando el palo en la parte superficial de la nieve, nunca en el suelo. En cualquier caso, Cetursa debe adaptarse a la normativa, más tras la aprobación el pasado verano del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión. Medio Ambiente critica su empecinamiento por un tema que ha sido tratado varias veces en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.

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