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La Junta pagó un 20% de comisiones en una póliza exclusiva a tres intrusos

La Administración fue la tomadora y abonó 164.418 euros en “gastos externos”

Javier Martín-Arroyo
El ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero.
El ex director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero.GARCÍA CORDERO

La Junta abonó a la aseguradora Fortia un 20,7% en comisiones (164.418 euros) en la póliza destinada a los tres intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) Antonio Arquero, Alejandro Millán y Rafael Ruiz, firmada en marzo de 2007. La propia Administración figuraba como tomadora de la póliza y por tanto pagador de la misma, al haberla subvencionado con 793.519 euros, que tras los intereses se multiplicaron hasta los 812.989 euros, según documentación incorporada al sumario del caso de los ERE.

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó esta póliza para estas personas, tres amigos suyos, a través de la aseguradora Fortia, del grupo Eurobank, cuya supuesta descapitalización investiga ahora la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra 25 directivos. Este porcentaje del 20,7% que la Junta abonó en “gastos externos” acabó supuestamente en la contabilidad de Irson Empresarial, firma vinculada a la consultora Vitalia Vida y administrada por María Vaqué, imputada en la instrucción a Fortia. Existe la posibilidad de que Fortia incluyera en esos “gastos externos” las comisiones derivadas para los intermediarios.

Los tres intrusos fueron amigos de Guerrero por distintos motivos. La prima tenía destinado para Millán 398.325 euros, para Arquero 299.887 euros y para Ruiz 95.307 euros. Tanto Millán, exmilitante socialista, como Rafael Ruiz, están imputados por la juez Mercedes Alaya por tráfico de influencias, obtención ilegal de ayuda de Administración Pública, y malversación y prevaricación en su condición de extraneus al no ser funcionarios. La magistrada impuso para Ruiz una fianza de 118.555 euros, para Millán 432.993 euros y para Arquero 584.976 euros. Estos últimos son vecinos de El Pedroso (Sevilla), pueblo del que fue alcalde Guerrero durante cuatro años.

Cuando compareció como imputado en el juzgado, Arquero declaró que pensaba que la paga era “por haber sido afectado por radiaciones de uranio por su profesión de minero”. Arquero mantiene una amistad con Guerrero desde hace 40 años y le pidió que le gestionara la documentación necesaria para percibir una póliza de 2.600 euros mensuales. El acusado alegó que creía tener derecho a las ayudas por haber cotizado 14 años en el régimen especial de minería del carbón.

Mientras, Millán pensó que su póliza no podía ser ilegal ya que procedía de “un alto cargo de la Junta”. “Cuando vi la cantidad pensé que en ese momento se estaba haciendo justicia”, añadió Millán, que sufrió un infarto. Ruiz recibió su ayuda gracias a una “conversación telefónica informal” con Guerrero.

Por otra parte, la juez Alaya ha concluido que el exconsejero de Empleo imputado Antonio Fernández, no se enriqueció de manera ilícita, por lo que ordena en un auto a la Guardia Civil que no investigue el patrimonio de su familia. De este modo, la juez atiende el recurso de Fernández y determina que tampoco el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, se lucró de forma ilícita, a diferencia de Guerrero y el intermediario Juan Lanzas, determina la juez.

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A pesar de ello, Alaya acusa a Fernández de tramar dicha maniobra: “Existe en la causa material suficiente para presumir que ese enriquecimiento se pretendió, pero finalmente no se consiguió, bien por presiones, bien por el devenir de los acontecimientos”. El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, destacó no haya “el menor indicio” de enriquecimiento ilícito. “El único motivo de recurso es el que se estima”, añadió.

En dicho auto Alaya explica las razones que justifican la imputación de Fernández, entre ellas “su indiciaria participación en el diseño de una fórmula, el mencionado convenio marco de colaboración entre Empleo y el IFA”. De la explicación se deduce la hipotética imputación del parlamentario del Congreso y líder del PSOE sevillano José Antonio Viera, ya que si Fernández presidía entonces el IFA, Viera era el consejero de Empleo. Si Viera resultara imputado, el Tribunal Supremo instruiría esa parte del caso al ser aforado.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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