Un ex concejal del PP en Llodio reconoce a dos acusados que le amenazaron

Aseguró recibir amenazas como “Pim, pam, pum” y “os vais a enterar, cabrones”

Santiago Abascal Conde, exconcejal del PP en Llodio (Álava) supuestamente agredido en la constitución de este Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2003, aseguró ayer que recibió amenazas como “Pim, pam, pum” y “os vais a enterar, cabrones” de dos acusados que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional por estos hechos.

En el segundo día del juicio a 19 simpatizantes de la izquierda abertzale que impidieron la formación del nuevo equipo de gobierno de esa localidad, Abascal señaló a Oier Amorrortu Licerazu y Miguel Ángel Mate Mate como los autores de dichas expresiones. El segundo se encontraba en una actitud “extremadamente agresiva” y le dijo, según testificó Abascal: “Os vais a enterar cabrones, me cago en vuestra puta madre”.

Monserrat Canive Aldama, que era concejal del PP en la también localidad alavesa de Amurrio en 2003, afirmó que lo que presenció fue un “linchamiento en toda regla”, y consideró que su integridad “estaba en peligro”.

Una “batalla campal”

Su compañero en ese mismo consistorio Esaú Martin Antón calificó como “batalla campal” el momento en que se impidió la constitución del pleno de Llodio. Añadió que los acusados Alfredo Remírez Marañón, Beñat Mendiguren Cosgaya e Iker Roiz Plaza le agredieron.

“Nos dimos cuenta de que el sitio que debían ocupar los concejales estaba siendo ocupado por los de Batasuna”, declaró Santiago Abascal Escuza, concejal de Amurrio, diputado en 2003 y padre del exconcejal presuntamente agredido.

Todos los testigos afirmaron que solicitaron al peneuvista Jon Karla Menoyo, ganador de las elecciones municipales de ese año y alcalde en el mandato que se inició el día de los incidentes, que llamara a la Ertzaintza para que les auxiliara, pero que éste le hizo caso omiso.

También declararon ayer cuatro de los 19 procesados que no pudieron hacerlo el lunes. Para ellos, como para los otros acusados, el fiscal pide tres años de prisión por un delito de coacciones terroristas o en su caso de otro contra las instituciones del Estado. Los cuatro coincidieron, como sus compañeros de anteayer, en que se trató de una protesta pacífica por la ilegalización de la candidatura Laudio Aurrera y que se encontraban allí para apoyar al alcalde saliente, Pablo Gorostiaga, de EH.

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