El juez amplía las pesquisas del fraude de la Alhambra

Nuevos informes periciales en el caso Alhambra, que investiga el supuesto fraude en el control de acceso y venta de entradas al monumento, siguen engrosando la causa que lleva en instrucción más de seis años. No se descartan nuevas imputaciones y a falta aún de varias pruebas periciales, la investigación no vislumbra el final. Miles de folios, documentos, decenas de CD y DVD, declaraciones, arqueos de entradas y un largo etcétera tienen en vilo a más de medio centenar de imputados. Y pueden ser más.

Las supuestas irregularidades en el control de acceso al recinto que se investigan se ciñen al periodo 2002-2005, ambos inclusive. El encargado de bucear en esa supuesta trama es el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco. La investigación va camino de convertirse en una de las más largas en la capital granadina. Avanza pero para algunos, especialmente para los imputados, a un ritmo demasiado lento. Y la sensación es que el interés que concitó en los primeros años se va poco a poco diluyendo.

En cualquier caso, no es fácil seguir de memoria la pista a la supuesta trama que cuenta con un maremágnum de cifras y datos. El último informe incorporado a la investigación se centra en la impresión de entradas en taquillas y en las supuestas irregularidades cometidas, siempre según la prueba pericial, por taquilleros o vendedores. El contable concluye que entre 2002 y 2005 hay un desfase de 83.666 billetes impresos de más “sólo en la venta de entradas llevadas a cabo por el BBVA”. Están contabilizados pero no impresos, de modo que tuvieron que sobrar y “quedar en existencias a los responsables de su custodia”. Eso puede indicar, según el experto, que pudieron utilizarse “en impresiones de entradas fuera del conducto legal”. En el sistema queda constancia de los billetes reimpresos en venta directa, pero no así de los que se hacían con localizadores de BBVA.

Hay medio centenar de imputados por posible malversación

El análisis de la impresión de entradas evidencia numerosos incumplimientos de la normativa. Por ejemplo, 481.000 entradas fueron durante esos años impresas días antes o posteriores a la visita, cuando estaba establecido que las que no se retiraran el mismo día incumplían la normativa. Se superaba el cupo de cinco entradas que había reservado por comprador y día. Hubo venta directa e impresión de entradas indebidas a guías turísticos y colectivos, tanto del cupo previsto a particulares como del de venta directa en taquillas. Con estas y otras irregularidades, concluye el perito, se causó también un perjuicio al “turismo individual”.

Ese ha sido el último, pero en este caso hay otras pruebas dignas de mencionar, como la que alertó de la falta de control a nivel informático. La vulnerabilidad que se habría solventado con un simple torno o lectura por escáner para auditar a diario las entradas consumidas habría evitado más de un quebradero de cabeza, según dejó claro un perito informático. El BBVA, que era en esa fecha el que tenía suscrito el convenio para la venta de entradas a particulares y agentes autorizados, tampoco se escapa, según se desprende de esta primera fase de la investigación.

Otro informe cuantificó el perjuicio económico ocasionado por la entidad a la Alhambra en más de 621.000 euros. En este caso sería por haber dejado de ingresar la cantidad estipulada por las cancelaciones, además de haber cometido el banco numerosas irregularidades al no respetar el acuerdo firmado. A la ristra de cifras hay que añadir el informe que en 2008 cuantificó en unos ocho millones de euros la cantidad que habría dejado de percibir el monumento por unas 800.000 entradas falsas, que dejaron de cobrarse según el perito.

Trabajadores del Patronato, personal de agencias de viajes y algunos empleados del BBVA figuran entre el medio centenar de imputados por posible malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños en el Patrimonio Histórico.