La Generalitat pacta reducir personal en los centros para discapacitados
El acuerdo recorta el 8% la ratio de empleados por número de pacientes
Menos exigencias para los centros públicos y concertados que atienden a discapacitados. El Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat pactó en diciembre un recorte del 8% en las ratios de personal de los centros de atención residencial y diurna. Lo hizo en un documento, sin validez legal, que firmaron la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, Carmela Fortuny, y los cuatro presidentes de las organizaciones mayoritarias que gestionan los centros con estos pacientes: la Coordinadora de Profundos de Cataluña, la Asociación Empresarial de Discapacidad Intelectual de Cataluña, la Federación Catalana de Parálisis Cerebral y la federación ECOM.
El pacto, de cuatro puntos, justifica las rebajas de personal por los recortes en las subvenciones a estos centros, del 3% en los servicios residenciales y del 4,5% en los centros de día. “Las entidades podrán proceder a una reducción de las ratios recogidas en las normas correspondientes a los servicios (…) hasta un máximo del 8%, con autonomía para cada centro para aplicarla en esas áreas que considere, garantizando la calidad de la atención y la viabilidad económica de las entidades”, establece el escrito.
“Habrá despidos. ¿Se quedarán al monitor que sobra?” se preguntan en CC OO
Según la cartera de servicios sociales para 2010-2011, todavía vigente, las ratios para, por ejemplo, los centros de día para personas que sufren discapacidades mentales son de un director responsable para 64 usuarios, un responsable higienicosanitario y un fisioterapeuta para 128 usuarios y un monitor especializado para seis usuarios. Este acuerdo pretende modificar estas tres ratios para permitir que haya un director para 69 usuarios, un fisioterapeuta y un responsable higienicosanitario para 138 usuarios y recortar el número de monitores. Con la reducción, un centro con 70 usuarios podrá prescindir de uno de sus monitores.
La Generalitat rebaja el impacto del recorte, al que prefiere llamar “flexibilización”. Un portavoz del Departamento de Bienestar subraya que, en cualquier caso, se mantendrán los estándares de calidad. No lo creen así los sindicatos, indignados con el convenio. UGT y CC OO opinan que el escrito se traducirá en despidos. “Debemos estar muy vigilantes, ver cómo se aplica en los centros y observar si se empieza a echar a gente. Es probable que haya despidos”, subraya Raquel Gil, secretaria de políticas sociales de UGT, que pone énfasis en las dudas que despierta el convenio. “No se sabe cómo se aplicará, porque el acuerdo da libertad para recortar el 8% en general, de todas las ratios. No están fijadas de cualquier manera, y si ajustas en todas, estás haciendo que afecte a la calidad del servicio”, mantiene Gil. “Si las personas no tienen los mismos recursos no tienen la misma atención”, denuncia Aurora Huerga, secretaria de política social de CC OO. “Habrá despidos, seguro. ¿Se quedarán el monitor que sobra? Lo echarán, en un sector que ya es bastante delicado y que no tiene precisamente las mejores condiciones laborales”.
Los gestores de los centros dicen que la rebaja no afectará a los profesionales
Las asociaciones que firman el acuerdo sostienen que este es bueno porque permitirá a los centros seguir actuando con menos dinero y garantizando la calidad. Fue la misma patronal que gestiona los centros concertados la que reclamó una rebaja en las ratios. “Si tuviéramos que gestionar de la misma forma los servicios con menos recursos habría peligrado el mantenimiento de las plazas, algo que sí habría afectado a los usuarios y habría provocado reducciones de plantilla. Este acuerdo pretende que no haya despidos”, razona Antonio Guillén, presidente de la federación ECOM. Para Jaume Marí, presidente de la Federación Catalana de Parálisis Cerebral, el recorte “no debe afectar” a los profesionales. Aunque Marí reconoce que, por ejemplo, en los centros donde los fines de semana se reduce la presencia de usuarios se podrá “prescindir” de un cuidador. “Tiene incidencia mínima en la cuestión laboral”, matiza Marí.
En el sector hay confusión sobre el convenio, que fija como fecha de validez de los acuerdos el 1 de enero. Sin embargo, y tal como reconoce el propio departamento, las ratios solo se podrán modificar con los presupuestos aprobados, algo que no sucederá hasta marzo. Por tanto, el acuerdo todavía no es válido. La federación que preside Guillén no actualizó sus ratios, pero la que preside Marí sí que empezó a aplicar estos acuerdos hasta que, hace dos semanas, el Departamento de Bienestar le comunicó que no podía hacerlo. “Tuvimos que aplazarlo, porque ya se estaba aplicando”.
El pacto ya se aplica y será legal en marzo con los nuevos presupuestos
UGT y CC OO también ponen en duda el convenio porque, según la ley de servicios sociales, todas estas actuaciones deben ser revisadas en el Consejo General de Servicios Sociales, en el que están presentes, además de la Generalitat y las entidades, ambos sindicatos. Tanto Rosa Gil como Aurora Huerga denuncian que el ninguneo es constante por parte del consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries. “En asuntos de servicios sociales, el Gobierno solo informa a posteriori”, establece Gil, y apostilla Huerga: “No tenemos información”.
