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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Escola bressol pública y de calidad

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se escudan en la crisis para burlar la ley e incumplir su programa electoral

La política de recortes presupuestarios en Cataluña tiene una nueva víctima: la escola bressol pública. El Gobierno de la Generalitat y el del Ayuntamiento de Barcelona se han escudado en la crisis económica para burlar la ley, incumplir su programa electoral, negar los derechos de la infancia, frenar la base del progreso personal y social, y menospreciar la labor de unos excelentes profesionales de la educación infantil. Un cóctel de disparates políticos que puede dar al traste con muchos años de lucha para conseguir una educación infantil pública de calidad.

La Ley 18/2003, de apoyo a las familias, aprobada en la última etapa del gobierno de Jordi Pujol (artículo 33) y la Ley 5/2004, de creación de llars d'infants de calidad (artículo 1), originada a través de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad (también por CiU) afirman que el Gobierno de Cataluña, en coordinación y colaboración con los ayuntamientos, impulsará una red de llars d'infants de titularidad pública con el objeto de asegurar una oferta suficiente para la población menor de tres años que solicite una plaza en cualquier territorio de Cataluña. En el programa electoral de CiU para las autonómicas de 2010 se apostaba por la "vinculación de las llars d'infants de iniciativa social al modelo educativo de interés público" y el programa marco de CiU para las municipales de 2011 establecía como primer objetivo de políticas educativas "impulsar las llars d'infants de gestión municipal". Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.

Es incomprensible que los responsables de la educación pública de CiU estén frenando los equipamientos educativos que se iniciaron con el anterior gobierno

La UNICEF, a través de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, afirma que la educación infantil es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades. Los profesionales de la educación y los psicólogos coinciden en considerar la etapa educativa de 0 a 3 años como aquella en la que se construyen los cimientos de la personalidad, del lenguaje y la comunicación, del proceso de socialización, de los hábitos individuales y colectivos, de los comportamientos emotivos y de las pautas de convivencia. Es en el primer ciclo de la educación infantil donde los niños empiezan a adquirir actitudes y valores, y donde se desarrolla una función de prevención y detección de dificultades para evitar no sólo el fracaso educativo sino también el personal y el social.

Los modelos educativos modernos, como el que pretende dibujar la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña, pactada por las dos principales fuerzas políticas catalanas (CiU y PSC), prevén un primer ciclo público de educación infantil de 0 a 3 años (artículo 56) que, como primera fase del proceso de aprendizaje, permita desarrollar, junto con la familia, las capacidades de los niños durante los primeros años de vida. El modelo se basa en la creación de un mapa de escoles bressol públicas para poder garantizar el derecho a la educación infantil y una oferta pública que permita el acceso en condiciones de igualdad y que se ajuste a las necesidades sociales. Para desarrollar la ley y su modelo educativo bastaría con replicar, aplicando criterios de equilibrio territorial, el magnífico referente de las actuales escoles bressol municipales, con sus protocolos pedagógicos y su ratio profesor/alumnos.

Es incomprensible que los responsables de la educación pública de CiU estén frenando los equipamientos educativos que se iniciaron con el anterior gobierno, limiten todavía más el exiguo presupuesto destinado a las escoles bressol y estudien la posibilidad de externalizar y privatizar esta etapa educativa. Su osadía estulta les puede impulsar a convertir las escoles bressol en guarderías y substituir el modelo educativo infantil público por un mero servicio de parking de niños. Estamos ante una grave irresponsabilidad educativa y social de unos políticos que parece que creen que los niños de 0 a 3 años se deben quedar en casa con su madre, con su abuela o con la sirvienta (todo en femenino, por supuesto). Ni la comunidad educativa ni la sociedad catalana deberían permitir que la crisis económica sirva de excusa a nuestros gobernantes para sobrepasar la frágil línea roja de la educación infantil.

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Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB jmatas@ub.edu

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