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Los peritos investigan si el alcalde de Arroyomolinos malversó fondos

La juez solicita que se comprueben las cuentas del ayuntamiento del municipio entre 2005 y 2007 El anterior portavoz del PSOE declarará en marzo para ratificar las denuncias que sirvieron para imputar al alcalde

El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, presenta el Plan Renove de Alumbrado Exterior.
El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, presenta el Plan Renove de Alumbrado Exterior.COMUNIDAD DE MADRID

La oficina de peritos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recibido la orden de la titular del Juzgado número 3 de Navalcarnero de investigar si el alcalde de Arroyomolinos (13.835 habitantes), Juan Velarde (PP), otros tres ediles y el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo, han malversado las cuentas municipales.

La providencia dictada por la juez el 19 de diciembre solicita que se comprueben las cuentas del Ayuntamiento de Arroyomolinos entre los años 2005 y 2007. A la vez, el juzgado queda a la espera de las conclusiones del informe realizado por el Tribunal de Cuentas solicitado con anterioridad.

Asimismo, indica que el anterior portavoz del PSOE, en la oposición en el municipio, deberá declarar como testigo el 2 de marzo para que ratifique las denuncias presentadas y que han servido de base para que la juez imputara al alcalde y al primer teniente de alcalde, Félix López Rodríguez; a la tercer teniente de alcalde, Ana Belén Millán; al exconcejal de Servicios Generales, Laureano Arrogante, y al exgerente de la Empresa Municipal del Suelo, Carlos García Escribano, los delitos de malversación y de prevaricación.

Según la denuncia, el PP instauró en el Consistorio un sistema ilegal por el que, de forma sistemática, se fraccionaban las contrataciones municipales para que ninguna adjudicación municipal tuviera que pasar por un concurso. Esta operación se hacía a semejanza de las realizadas en el caso de corrupción más importante ligada a un partido político: el caso Gürtel. Los socialistas aseguran que las empresas beneficiarias estaban relacionadas con cargos del PP y con el propio partido.

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