Un bien público como el agua no debe ser gestionado por grupos privados que se basen exclusivamente en criterios empresariales. Con esta premisa se han manifestado este mediodía decenas de entidades medioambientales frente a la sede de la empresa Agbar en Barcelona, responsable. "La privatización del agua es una estrategia de sabotaje social", ha advertido el experto en gestión del agua Pedro Arrojo, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) sobre los planes de la Generalitat de privatizar total o parcialmente la sociedad pública Aguas Ter-LLobregat (ATLL), empresa dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat responsable de abastecer de agua el área metropolitana de Barcelona y a otras nueve comarcas de la provincia.

 El Gobierno de CiU anunció que pretende vender la compañía debido a las deudas que esta arrastra, de unos 670 millones de euros. El endeudamiento de ATLL se debe a la insuficiente financiación pública que recibe la empresa y a las grandes inversiones realizadas los últimos años como la interconexión de las cuencas del Ter y Llobregat, la ampliación de la potabilizadora Abrera y de la desalinizadora de El Prat, entre otros trabajos.

La empresa se financia básicamente con la tarifa del consumo de agua y ante la falta de recursos públicos, los sucesivos gestores acudieron al crédito de forma prácticamente sistemática. En este sentido el exconsejero de Medio Ambiente durante el anterior gobierno tripartito, Francesc Baltasar, se negó a incrementar la tarifa del agua el 14,5%, pese a que ya lo había aprobado su consejo de administración.

La situación se agrava por el déficit de la Agencia Catalana del Agua, organismo público que debe unos 1.800 millones de euros. Ello ha obligado a imponer recortes de gastos ordinarios mientras las inspecciones y controles de los ríos, por ejemplo, se hacen sin asistencias técnicas externas.

Los manifestantes, entre ellos miembros de varias entidades internacionales, han advertido que los planes de privatizar la gestión del agua se están produciendo a gran escala en muchos países bajo el pretexto de la situación económica. "Utilizan el argumento de luchar contra la crisis y los pretextos de austeridad para privatizar bienes que son de todos", ha detallado Arrojo. "Así las firmas transnacionales están imponiendo políticas fallidas basadas en beneficios empresariales", ha añadido en alusión a Agbar, empresa filial de la multinacional francesa Suez.

Las entidades han elegido la Torre Agbar como "símbolo luminoso del poder de los negocios", para denunciar los proyectos de privatización de la gestión hídrica. "El agua no debe ser motivo de negocio", han señalado. Arrojo, por su parte, ha exigido a los partidos políticos que no aprovechen los últimos resultados electorales para iniciar procesos privatizadores que no detallaron durante la campaña electoral ni anteriormente. "Que se sepa en sus programas no se incluía el plan de privatizar la empresa Aguas Ter-Llobregat. Nadie ha dado permiso para privatizar por décadas un patrimonio y unos derechos que son de todo el mundo", ha advertido.

La privatización de la gestión del agua provocará un aumento desigual de las tarifas y una pérdida de la transparencia en la gestión de esta empresa, han advertido los manifestantes. "Persiguen privatizar los beneficios y socializar las pérdidas", ha denunciado Theodoros Karyotos, portavoz de una entidad medioambiental de Grecia.

La Generalitat prevé ingresar hasta 1.200 millones de euros este año por la venta de activos, tanto en empresas públicas como en edificios y equipamientos que no ha concretado. Los alcaldes de los municipios abastecidos por ATLL, por su parte, reclaman que estos recursos económicos no sirvan solo para financiar la deuda del Govern. Los Ayuntamientos necesitan financiar los equipamientos de abastecimiento y saneamiento del agua y reclaman que la Generalitat les pague la cantidad que les debe para realizar esta tarea.