La Generalitat impide desde 2008 que un niño vea a sus dos hermanastros
Los dos viven en un centro desde que su padre entró en prisión y la madre los abandonó
Sara Hoyrup, traductora e intérprete danesa, de 42 años, lleva cuatro años protagonizando una lucha colosal y estéril ante la Generalitat para que su hijo Naïm, de seis años, pueda ver a sus dos hermanastros, internados desde 2008 en un centro de menores de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA). Los medio hermanos de Naïm tienen 10 y 11 años y una vida repleta de pérdidas. Su padre, Said Ahadri ha estado los últimos años en la cárcel y su madre, que asumió su cuidado cuando él fue detenido, acabó por entregar a los niños a la Generalitat alegando que no se podía hacer cargo de ellos. Desde entonces, Sara lucha para que los tres niños mantengan el contacto, pero se ha topado con la DGAIA, que se mantiene inflexible en un complejo cóctel burocrático y legal a pesar de que el Síndic de Greuges ha dado la razón a las peticiones de Sara en esa cuestión. El Síndic no se inmiscuye en la de la patria potestad porque está sometida a un proceso judicial.
La Generalitat se opone a que los tres niños se vean al no existir "garantías" de una "relación sólida" y existir el "peligro" de otra pérdida en su vida. "Decir eso es de una crueldad extrema", denuncia la mujer. La historia del caso empieza en la Navidad de 2001, cuando Sara y Said, marroquí que ahora tiene 32 años, empezaron su relación. Él ya tenía dos hijos, los que ahora están en el centro de la DGAIA, de un matrimonio anterior. En los siguientes cuatro años la pareja convivió durante unos meses con los dos niños y, en 2005, la pareja tuvo a Naïm. Poco después él fue detenido por tráfico de drogas e ingresó en prisión. Los dos pequeños vivieron después unos años con su madre.
La vida de los dos menores recibió otro golpe en 2008, cuando la madre los entregó a la DGAIA porque ya no podía atenderlos. Es a partir de este momento cuando Sara empieza su lucha para que su hijo mantenga el contacto con sus hermanastros, pero la DGAIA consideró que con el padre en la cárcel y la madre habiéndolos llevado voluntariamente a un centro, no existe ningún lazo legal entre Sara y Naïm y los dos niños que justifique que se encuentren.
El deseo de Sara es que los dos niños salgan del centro y se vayan a vivir con una familia, sea la paterna o una de acogida. Ella está incluso dispuesta a mudarse de Copenhague a Barcelona para vivir con los tres niños, pero tampoco con este ofrecimiento ha logrado convencer a la Generalitat, para quien Sara no es parte interesada en el caso. Una opción para resolver el entuerto sería que la DGAIA devolviera la patria potestad a Said, lo que le permitiría decidir con quién pueden vivir los dos menores. Pero este organismo se niega porque cree que él no está en condiciones de asumirla y que el único contacto que tuvo Said con sus hijos en un permiso penitenciario en 2009 no fue bien. "La actitud del padre fue correcta pero la niña manifestó su voluntad de no querer verlo más", alega la DGAIA.Desde la cárcel, Said ha presentado una demanda para recuperar la patria potestad que sigue el juzgado número 17 de Barcelona. La vista se ha suspendido dos veces: la primera en 2010 porque faltaba un informe no estaba actualizado y, la segunda, el mes pasado. Para complicar más el caso, la madre biológica de los dos niños ha tenido dos hijos más y el padre de uno de ellos se ha personado en la causa. La abogada de Said, Luisa Moreno, considera que la dilatación perjudica a su cliente y ha pedido al juez que acelere la tramitación. El juez, en este punto, le ha dado la razón.
Sara se queja de que la DGAIA nunca ha contestado a sus peticiones para que los niños puedan reunirse. "Nunca me han dicho nada", deplora esta mujer que viaja varias veces al año desde Dinamarca por el caso. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha sido quien más la ha atendido y es partidario de que los tres niños se relacionen. Ha sido él, que se puso en contacto con la DGAIA en 2009 y recibió la respuesta el pasado enero, quien la ha informado de los argumentos de la DGAIA para oponerse a resolver el caso. También ha sido el Síndic el que ha remitido una carta a la DGAIA sugiriéndole que notifique por escrito a Sara su postura sobre los derechos de su hijo para ver a sus dos hermanastros. Así, con una resolución por escrito, la mujer al menos tendría la opción de emprender un recurso legal contra las posiciones de la DGAIA.
Sara tiene poderes para representar a Ahadri, pero nunca ha podido acceder al expediente de los dos hermanos. De hecho, en tres años solo se ha visto en una ocasión con un miembro de la DGAIA.
El futuro de Said, el padre de los niños, también es incierto. Salió de prisión el pasado día 3, pero su permiso de residencia caducó el 23 de mayo y no le permitieron renovarlo porque estaba en la cárcel.
Con todos estos elementos, el caso parece estar en un callejón sin salida y Sara no entiende cómo la DGAIA prefiere que los dos niños pasen su infancia en un centro antes que con una familia, aunque sea de acogida. "En eso tiene razón, pero nos cuesta dar con una", señalan en Bienestar y Familia. Un portavoz de este departamento dice que no hay inconveniente en que el padre vea a sus hijos, pero recuerda que estos procesos requieren "paciencia y tiempo". Y añade que los dos pequeños apenas han tenido trato con Said y que no le recuerdan.
¿Y que Sara les atienda? ¿Y que los tres hermanos se vean? Ahí la respuesta de Bienestar Social es mucho más ambigua, pero se amparan en que no se puede porque forman parte del núcleo del padre.
Sara mantuvo la víspera de Nochebuena una nueva reunión con responsables del Síndic de Greuges y, explica, le certificaron dos cosas: que los tres niños tienen derecho a relacionarse y ella a que la evalúe una entidad neutral como posible acogedora. "Yo deseo acogerlos visto que la DGAIA ha juzgado incapaces a los padres y no les ofrece una familia de acogida", insiste Sara. "Llevan muchos años dando largas y tomando decisiones rarísimas". Tras afirmar que se siente responsable de los dos niños porque convivió con ellos, Sara añade: "Mi mayor temor es que los separen. No me explico por qué la DGAIA no quiere que estos niños tengan familia. Los hermanos de mi hijo pierden su infancia por el mal funcionamiento de la Administración y de la justicia. Y si algún día esta llega, tan tarde, ya no será justicia".
