Un juez declara nulos los despidos de 19 trabajadores del Incasòl

Nuevo varapalo judicial a las medidas de ahorro en empresas de la Generalitat

“¡Ha salido la sentencia, vuelven los 19!”. Ayer fue un día de SMS, WhatsApp y cava en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Había salido la sentencia sobre los 19 trabajadores despedidos en marzo: el juez declara nulos los despidos y obliga a la empresa de la Generalitat a readmitirles y pagarles el sueldo del tiempo que han estado parados. El titular del Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona incluso lanza una advertencia: aunque la Administración recurriera, son despidos improcedentes. La razón: una empresa pública no puede echar a sus empleados por motivos económicos, como pretendía justificarlos el Gobierno, porque no persigue los mismos fines que las empresas privadas.

Un portavoz del Incasòl aseguró que este organismo aún no ha recibido la comunicación del fallo judicial y que cuando tenga acceso al texto estudiará la posibilidad de presentar recurso.

Esta nueva sentencia asesta un duro golpe a la catarata de despidos en empresas públicas con que la Generalitat pretendió ahorrar desde principios de año. Hace un mes, otras cinco sentencias declararon improcedentes 23 despidos en el Servicio Meteorológico, el Instituto Cartográfico, Forestal Catalana y la Agencia Catalana de la Vivienda. Pero ahora la justicia va un paso más allá: declara nulos los despidos del Incasòl y obliga a la empresa a “readmitirles inmediatamente en las mismas condiciones”.

En todos los casos citados, las empresas de la Generalitat se apoyaron en la instrucción del mes de enero de los departamentos de Economía y Gobernación que, entre otras medidas, ordenaba ahorrar entre el 5% y el 6% en personal. A estos 23 casos hay que sumar el de una directiva de Catalan Films, despedida tras comunicar que estaba embarazada; el caso fue declarado nulo y el juez obligó a indemnizarla con 50.000 euros por daños morales.

“Esta sentencia del Incasòl es un ataque a la línea de flotación de la política de despedir para ahorrar”, asegura Vicente Cantos, abogado que ha defendido a parte de los 19 despedidos. “El juez les está diciendo, a la dirección y sus asesores, que no vale, que se han equivocado, porque la Administración no está en la calle para hacer dinero, sino para servir a la ciudadanía”, añade. Cantos avisa que desde las primeras sentencias “los jueces han ido aprendiendo y endureciendo el discurso”. De hecho, en esta última sentencia, el titular del Juzgado de lo Social número 12 alude en los fundamentos de derecho a los casos citados en las otras empresas.

El magistrado destaca que el Incasòl es una entidad pública cuyo fin es “favorecer una utilización del suelo de acuerdo con el interés general” y no “concurrir en el mercado como si de un competidor más se tratara”. El juez expresa incluso que los resultados del Incasòl “no pueden medirse ni valorarse con los parámetros finalistas de beneficios o pérdidas inherentes a las sociedades capitalistas privadas”.

La sentencia es dura con la Administración catalana, como cuando apunta que el coste laboral anual de los 19 despedidos era de entre 800.000 y 900.000 euros, una cifra que compara con la deuda de la Generalitat con el Incasòl, de casi 340 millones de euros. El juez reprocha entonces al Incasòl que despida a los afectados para ahorrarse su salario cuando no “ha adoptado medida o previsión alguna —como sería exigible de acuerdo con los principios de eficacia administrativa y racionalidad en su gestión— para corregir” la deuda.

El comité de empresa recibió el fallo con euforia. “Refuerza la postura que siempre hemos mantenido: que la Generalitat no puede despedir para ahorrar, y la refuerza ante cualquier tentación de prescindir de más personal”, celebró un portavoz. Con casi 500 empleados, el Incasòl es una de las empresas públicas sobre las que los sindicatos temen que la Generalitat aplique un expediente de regulación de empleo. Los 19 casos de la sentencia forman parte de un total de 22. De los tres despedidos restantes, dos decidieron no recurrir y el tercero es el exdirector de Comunicación David Companyon, cuyo despido fue declarado nulo por motivos ideológicos.

 

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