Los diputados de ICV plantan al juez y evitan declarar por el cerco al Parlament

Quienes me empujaron, me escupieron y dañaron mi vestuario prostituyeron el 15-M”. La diputada del PSC Montserrat Tura ha sido la primera en declarar ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, por los actos de acoso a diputados frente al Parlamento catalán. Tras prestar declaración, como testigo, durante más de media hora, Tura ha mostrado su “respeto” hacia el colectivo de indignados, pero ha remachado también que la “minoría” que provocó los altercados debe responder ahora por aquellos hechos.

La exconsejera de Justicia ha sido la primera en llegar al Palacio de Justicia de Barcelona, donde a lo largo de la mañana han declarado un total de ocho diputados que, presuntamente, sufrieron agresiones físicas y verbales cuando trataron de acceder al hemiciclo el pasado junio. Velasco se ha desplazado expresamente a Barcelona para tomar declaración a los diputados. Estaba previsto que declarasen 10 de ellos, pero los dos representantes de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Boada y Salvador Milà han anunciado que no acudirán a la cita. Al menos hoy, ya que como testigos están obligados a declarar.

Iniciativa ha querido evitar así una fotografía incómoda: la de dos de sus diputados entrando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en medio de los silbidos y los gritos de las casi 200 personas que se han concentrado desde primera hora de la mañana y hasta las 13.00 frente al edificio para protestar por la imputación de 20 personas, a las que el juez Velasco acusa de un delito contras los altos organismos de la nación, por bloquear el acceso al Parlamento catalán el día que debián votarse los Presupuestos de la Generalitat para 2011. Aquella protesta obligó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros miembros de su Gabinete a acceder al recinto en helicóptero, una imagen que dio la vuelta al mundo.

La ausencia de Boada y Milà está marcando, por ahora, la jornada. Hace unos días, Boada remitió una carta a Velasco en la que expresaba que, por “problemas de agenda”, no podría acudir a la cita. El juez le ha pedido que le proponga fechas para ir a declarar a Madrid. El caso de Milà es distinto. La Audiencia Nacional no ha recibido ninguna súplica del diputado. Si, como ha dicho públicamente ICV en una rueda de prensa esta mañana, no se presenta, el juez le volverá a citar. “Respeto la opinión de cada uno, pero no la comparto y por eso estoy aquí. Creo que los que hacemos las leyes somos los primeros que debemos colaborar con la justicia”, ha explicado Tura.

La diputada socialista ha criticado a los autores de las agresiones. Pero, al mismo tiempo, ha defendido que el Movimiento 15-M goza de su respeto. “La mayoría de las personas que estaban frente al Parlamento de Cataluña tuvieron una actitud respetuosa, y algunas incluso me pidieron disculpas”, ha explicado. “No quiero criminalizar al conjunto del movimiento”, ha precisado Tura, quien ha declarado íntegramente en catalán ante el juez Velasco, ya que la sala de vistas dispone de traductor.

El juez, el fiscal y los abogados de la defensa han realizado diversas preguntas a Tura, que no pudo ver, ha dicho, a quienes la empujaron y la escupieron. “Me han enseñado el vídeo y por primera vez he visto a la persona que dañó mi vestuario. Pero es tarea de la policía determinar si es responsable de los hechos”. Uno de los indignados marcó con una cruz la parte trasera de la gabardina que llevaba ese día. Igual que otros seis diputados, Tura interpuso una denuncia en su día y reclamó por los más de 400 euros que, a su juicio, suponen los daños sufridos en el vestuario.El otro diputado socialista citado, Ernest Maragall, ha mantenido un nivel de crítica bajo con la acción de los indignados. Según el exconsejero de Educación, donde hay que poner la atención en las reivindicaciones del colectivo y en los motivos que generaron la protesta.

Durante el interrogatorio, algunos diputados de Convergència i Unió han confirmado que ese día sintieron miedo y se vieron coaccionados. El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull ha abundado en un encuentro posterior con los periodistas, haber evocado ante el juez “los momentos de tensión” vividos a la entrada del Parlament. Turull ha explicado que ha acudido ante el magistrado para defender "la democracia, la libertad y el Parlament". Por parte de CiU también han sido citados los diputados Josep Maria Llop, Ana Isabel Marcos, Santi Vila y Gerard Figueres.

Más crítico se ha mostrado el líder de Solidaritat, Alfons López Tena, pero no con los indignados, sino con el dispositivo policial. Tena ha acusado al consejero de Interior, Felip Puig, de haber “montado una ratonera al cerrar los accesos al Parlament”. Según el diputado independentista, el diseño del dispositivo de seguridad fue el causante de los incidentes, ya que obligó a muchos parlamentarios a acceder a pie y a pasar entre los manifestantes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también tiene previsto interrogar por escrito al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para lo cual ha solicitado a las partes personadas que le remitan las preguntas que desean trasladarle.

Además, entregó un exhorto a los Juzgados de Barcelona para que los Mossos d'Esquadra realicen la reseña fotográfica a los cuatro imputados que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional a pesar de no haber recibido la citación judicial correspondiente.

El instructor investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se registraron cuando un grupo de indignados trató de "impedir la asistencia" de los parlamentarios a la sesión plenaria y "entorpecer su labor".

Los indignados han pedido en un comunicado a los medios de comunicación que no tomen imágenes de la concentración ya que, durante el bloqueo del Parlamento, las fotografías y vídeos permitieron identificar a los indignados ahora acusados. El consejero Puig les replicó ayer que con ellos hay "paradojas curiosas", porque un movimiento que defendía la transparencia en la información ahora quiere impedir a los medios que les filmen en sus protestas.